CRISIS SANITARIA
El empresario Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma y de Laboratorio Ramallo S.A., con conocidas ligaduras políticas en el país, intentó culpar al exdiputado provincial Andrés Quinteros por la contaminación del fentanilo que ya dejó 96 víctimas fatales.
A fines de julio de 2025 García Furfaro presentó un escrito ante la Justicia en el que sostuvo —sin aportar pruebas— que Quinteros estaría detrás de “un posible atentado en los laboratorios, que pudo haber ocasionado el desvío de calidad del fentanilo”.
En el documento, el empresario incluso afirmó que el sereno del Laboratorio Ramallo le comentó sobre el sobrevuelo nocturno de un helicóptero, el cual, por “marca y color”, sería propiedad del ex diputado. A partir de ese dato, García Furfaro sugirió que el helicóptero podría haber sido utilizado para arrojar veneno en el predio exterior del laboratorio con el fin de simular un hallazgo accidental y comprometerlo judicialmente.
Esta maniobra, calificada como insólita por fuentes judiciales, se interpreta como un intento de desviar la atención mediática y responsabilizar a figuras políticas ajenas al caso.
Mientras tanto, el juez federal Ernesto Kreplak analiza nuevas medidas contra los responsables primarios de los laboratorios, sumando a las inhibiciones de bienes ya dictadas. El fallo, firmado a comienzos de julio, advierte que los presuntos integrantes de la estructura empresarial habrían desplegado acciones para ocultar conductas delictivas, lo que podría constituir un entorpecimiento de la causa y un riesgo de fuga.
El magistrado dispuso preservar bienes que podrían ser fruto de actividades ilícitas bajo investigación en el expediente.
