DURA SANCIÓN
El Gobierno de Mendoza aplicó una sanción económica a un trabajador de seguridad privada y a la persona responsable de su contratación por ejercer tareas de vigilancia sin la habilitación correspondiente en un complejo habitacional de Luján de Cuyo. La medida fue oficializada mediante una resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial Electrónico.
La actuación se originó a partir de un expediente iniciado tras una inspección realizada el 6 de enero de 2023 en el edificio Green Apartaments Liniers. Durante ese procedimiento, las autoridades constataron que el guardia cumplía funciones de seguridad privada sin contar con la credencial habilitante exigida por la normativa provincial.
De acuerdo con el documento oficial, el trabajador no se encontraba inscripto ni registrado bajo el régimen legal que regula la actividad de seguridad privada en Mendoza. A pesar de ello, desarrollaba tareas de vigilancia dentro del complejo, en infracción a las disposiciones vigentes.
La inspección permitió verificar que el servicio se prestaba por fuera del marco legal establecido, lo que motivó la intervención administrativa y la posterior resolución sancionatoria por parte de la autoridad competente.
La normativa provincial, establecida en la Ley 6441 y sus modificaciones, determina que tanto las personas como las empresas que brindan servicios de seguridad privada deben estar debidamente autorizadas. Además, la legislación prevé sanciones para quienes ejerzan la actividad de manera clandestina y para quienes contraten servicios sin habilitación.
En este contexto, el Gobierno provincial resolvió aplicar una multa de 240.160 pesos argentinos al guardia y al responsable solidario por la contratación del servicio irregular. La resolución fija un plazo de 15 días hábiles para efectuar el pago de la sanción o, en su defecto, para interponer los recursos administrativos que consideren correspondientes.
