Sector en crisis
Desde el lunes y hasta el viernes, los prestadores de servicios vinculados a la discapacidad en todo el país llevan adelante un paro total de actividades, acompañado por movilizaciones en distintas provincias, entre ellas Mendoza. En la provincia, la concentración se realizará este jueves frente a la Legislatura, en coincidencia con el debate parlamentario del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados.
Una crisis que se profundiza
El reclamo pone el foco en el deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad, marcado por retrasos de hasta cuatro meses en los pagos, honorarios congelados desde septiembre y la amenaza de cierre de instituciones que no pueden sostener los servicios. Las prestaciones afectadas incluyen centros de día, hogares, servicios de rehabilitación, terapias y transporte especializado.
El sistema se regula a través de un nomenclador nacional que fija los valores de cada prestación. Sin embargo, los aumentos otorgados en los últimos ocho meses fueron mínimos y muy por debajo de la inflación, lo que provocó un desfasaje crítico en los ingresos de profesionales y entidades.
La falta de pago y el congelamiento de aranceles también impactan en el transporte adaptado, donde el valor por kilómetro recorrido resulta inferior incluso al de servicios como Uber, pese a los mayores requerimientos técnicos y responsabilidades.
Ley de emergencia y reclamos acumulados
El proyecto de ley, presentado por el diputado nacional Daniel Arroyo, busca declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad como respuesta al desfinanciamiento del sector y la baja de más de 200 mil pensiones no contributivas. Las consecuencias del ajuste presupuestario han generado barreras adicionales para personas con discapacidad, incluyendo requisitos burocráticos excesivos y traslados complejos para justificar beneficios previamente otorgados.
La población con discapacidad representa uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Muchas personas no pueden generar ingresos propios y dependen de una red de apoyos y terapias que hoy se encuentra en riesgo de colapso.
Polémicas recientes y retrocesos normativos
En febrero, el Gobierno nacional fue duramente cuestionado por la publicación de una resolución que utilizaba términos estigmatizantes como "idiota", "imbécil" o "débil mental" para clasificar a solicitantes de pensiones. Aunque luego la Agencia Nacional de Discapacidad calificó el hecho como un error y prometió revisar la normativa, el repudio generalizado evidenció una preocupante falta de perspectiva en derechos humanos por parte del Estado.
Un sistema al borde del colapso
La combinación de ajuste presupuestario, demora en los pagos, precarización de los trabajadores y falta de respuesta política amenaza con desmantelar la red que sostiene la atención de miles de personas. Si la situación no se revierte, podrían cerrarse instituciones clave, reducirse la calidad de las prestaciones y perderse profesionales especializados, lo que agravaría la exclusión de quienes más apoyo necesitan.
Además del reclamo legislativo, las movilizaciones buscan visibilizar el agotamiento del sector y exigir soluciones concretas. El panorama actual no solo afecta a profesionales y prestadores, sino también a las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a cubrir de su bolsillo tratamientos que deberían estar garantizados por el Estado. En otros casos, simplemente deben suspenderlos por no poder afrontar los costos.
