RESTRICCIÓN
A pesar de los cambios en la política sanitaria durante los últimos gobiernos, los jubilados y pensionados continúan sin poder derivar sus aportes del PAMI a una empresa de medicina prepaga. Esta limitación obliga a quienes deciden contratar una cobertura privada a pagarla de su bolsillo, sin dejar de aportar al PAMI, la obra social nacional obligatoria para personas jubiladas.
Esto genera una doble carga: los afiliados no sólo pagan la prepaga, sino que además pierden beneficios como la cobertura de medicamentos gratuitos. En muchos casos, los afiliados terminan sin acceso al servicio que financian con sus aportes.
El impedimento se basa en una resolución del Poder Ejecutivo que restringe la derivación de aportes a un listado específico de obras sociales con convenio con ANSES. Ninguna de ellas tiene acuerdos vigentes con prepagas, lo que deja a los jubilados sin margen de elección. Aunque la ley del PAMI, sancionada en los años 70, reconocía la posibilidad de elegir destino de los aportes, esa opción hoy está bloqueada.
En los últimos años se multiplicaron los amparos judiciales presentados por jubilados que reclaman este derecho. Sin embargo, no hay por ahora ningún anuncio oficial sobre una posible modificación de la normativa.
Además, si se permitiera la libre derivación hacia prepagas, sería necesario que las empresas aceptaran jubilados como afiliados, algo que hoy ocurre en muy pocos casos. Otro punto en debate es el impacto que esto tendría en el financiamiento del PAMI, que podría quedar sostenido únicamente con aportes de personas con menores ingresos, rompiendo así el principio solidario sobre el que históricamente se estructuró el sistema de salud argentino.
