UNA ISLA
En medio de las tensiones que atraviesa el sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la reducción de subsidios y conflictos entre empresas, gremios y el Gobierno nacional, Mendoza mantiene la normalidad en su servicio gracias a un esquema de financiamiento provincial basado en fuertes subsidios y un sistema de actualización periódica.
La provincia destina alrededor de 800 millones de pesos por día hábil para sostener el funcionamiento del transporte público, lo que permite garantizar frecuencias regulares y evitar el impacto de la crisis que afecta a otras jurisdicciones del país.
A diferencia del AMBA, donde se registran demoras, reducción de servicios y reclamos por los costos del sistema, en Mendoza el servicio no ha sufrido interrupciones significativas. La provincia también observa con atención lo que ocurre en otras regiones, como Santa Fe, Córdoba y Salta, donde las empresas presionan por mayores subsidios frente al aumento del costo del gasoil.
Un sistema sostenido por el Estado provincial
El esquema mendocino se basa en un subsidio que cubre más del 70% del costo del boleto. El pago a las empresas se realiza en función de los kilómetros recorridos por las unidades, bajo controles del Ente de Movilidad Provincial y la Dirección de Transporte.
Los subsidios se calculan a partir de contratos y licitaciones vigentes, y se ajustan periódicamente mediante revisiones técnicas que contemplan variaciones de costos como combustibles, salarios y tipo de cambio. En general, las actualizaciones se realizan de manera trimestral.
Este mecanismo permite que el impacto de las variaciones económicas no se traslade directamente a los usuarios, manteniendo relativamente estable el valor del boleto, que actualmente se ubica en torno a los $1.400.
Financiamiento y estructura del sistema
Según los datos oficiales, el Estado provincial absorbe la mayor parte del costo del sistema, mientras que el resto se cubre con la recaudación del boleto y aportes complementarios nacionales. En total, el subsidio representa más del 80% del financiamiento del servicio.
El costo del sistema incluye principalmente salarios, inversión en flota, mantenimiento y combustible, que en conjunto concentran más del 80% del gasto total. El pago a las empresas varía según el tipo de servicio, la zona y el operador, con diferencias entre empresas privadas y estatales.
El esquema también establece que los costos operativos se ajustan según la actividad real: los kilómetros no recorridos no se pagan, lo que funciona como mecanismo de control sobre la prestación del servicio.
