SENTENCIA
Hugo Martín Rodríguez Cáceres, sommelier de 44 años, quien se encuentra acusado de atropellar y causar la muerte de dos agentes de tránsito de Godoy Cruz mientras conducía en estado de ebriedad. Esta decisión se basa en la evaluación de los riesgos procesales, considerando que no hay elementos suficientes para justificar su detención en un establecimiento penitenciario. Además, el Tribunal determinó que las pruebas necesarias para el juicio ya han sido reunidas, lo que reduce la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.
El incidente ocurrió el 3 de mayo de 2024, cuando Rodríguez Cáceres, con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre, embistió a los agentes Santiago Velázquez (23), preventor municipal de Godoy Cruz, y Leonardo Alarcón (35), oficial principal de la Policía de Mendoza, quienes realizaban tareas de regulación de tránsito tras un accidente múltiple en el Acceso Sur y Sarmiento de Godoy Cruz.
La defensa apeló la prisión preventiva ordenada por la jueza de primera instancia, Dra. Marina Martín, argumentando que Rodríguez Cáceres posee arraigo familiar y laboral en la provincia, reside con su madre en San Carlos, tiene tres hijos y trabaja en una bodega desde hace más de una década. Además, entregó voluntariamente su pasaporte, lo que refuerza la idea de que no intentará evadir la justicia.
El Tribunal consideró que no hay peligro para las víctimas ni riesgo de entorpecimiento probatorio, ya que las pruebas ya fueron recabadas, incluyendo testimonios policiales, informes técnicos y filmaciones. Por ello, se determinó que la prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico, es una medida suficiente para garantizar su presencia en el proceso. Como condiciones, Rodríguez Cáceres deberá cumplir la detención en su domicilio, pagar una caución de $4.000.000 y presentarse mensualmente ante las autoridades. Además, se le prohibió salir del país y se retuvo su pasaporte. La decisión fue respaldada por un informe psicológico que concluyó que no hay impedimentos para otorgarle el beneficio.
La defensa de Rodríguez Cáceres había solicitado la prisión domiciliaria, argumentando que el acusado no representaba un peligro para la sociedad y que contaba con los medios para cumplir con las condiciones impuestas. Sin embargo, la decisión final recayó en el Tribunal Colegiado, que evaluó los riesgos procesales y las pruebas presentadas.
