La Justicia Federal de Mendoza decidió mantener en prisión preventiva a una mujer de 40 años, investigada por un caso de trata de personas que conmociona por su carácter familiar: está acusada de haber entregado a su hermana menor a un hombre adulto, a cambio de dinero, para que mantuviera relaciones sexuales en una vivienda de Rivadavia.
El fallo fue emitido por la Cámara Federal, integrada por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, quienes desestimaron la apelación de la defensa y ratificaron que existen pruebas suficientes para sostener la acusación.
Una historia que salió a la luz años después
La causa tuvo origen en marzo de 2022, cuando en otra investigación judicial se reveló que la víctima había sido obligada a mantener relaciones sexuales en su adolescencia. La instrucción sostiene que su hermana mayor aprovechó su posición de autoridad y la vulnerabilidad de la menor para lucrar con la situación.
Como consecuencia de los abusos, la joven quedó embarazada y en 2013 dio a luz en el Hospital Carlos Saporiti, pese a las presiones familiares que buscaban que se sometiera a un aborto. Hoy, con más de 20 años, mantiene consigo a su hijo y declaró ante las autoridades que no quiere que la acusada recupere la libertad.

Los antecedentes, un peso determinante
La imputada arrastra antecedentes penales recientes. En marzo de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 la condenó a 10 años de prisión por la explotación sexual de otra hermana, en hechos ocurridos entre 2013 y 2017. Esa sentencia, sumada a su captura en Corrientes en 2024, colocó a la acusada en condición de reincidencia y con riesgo de fuga, dos factores que influyeron en la resolución.
La estrategia defensiva, sin éxito
La defensa había planteado que el procesamiento de primera instancia era “arbitrario” y se sustentaba en “conjeturas”. Reclamó el sobreseimiento o la libertad inmediata, pero los camaristas respondieron que en esta etapa basta con elementos de convicción serios, aun si persisten contradicciones en los relatos.
Los fundamentos del fallo
Los magistrados remarcaron que la conducta imputada configura trata de personas con fines de explotación sexual, delito agravado por el vínculo de parentesco y por el abuso de una situación de vulnerabilidad. Recordaron además que este delito atenta directamente contra la autodeterminación y la dignidad humana, más allá de la restricción de la libertad física.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la Cámara Federal de Mendoza entendió que corresponde mantener la medida de coerción. El peso de los antecedentes penales, el rechazo expreso de la víctima y la gravedad del delito configuraron un escenario en el que la libertad de la acusada, señalaron, sería incompatible con el avance del proceso.


