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El anuncio reciente de que ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones, comenzará un proceso de privatización parcial ha generado preocupación en diversos sectores. Si bien el Gobierno y los directivos de la compañía lo presentan como una oportunidad para" atraer capital privado y fomentar el crecimiento", no faltan voces que alertan sobre los riesgos que esto conlleva para el futuro de un servicio estratégico y esencial para el desarrollo del país.
El presidente de ARSAT, Mariano Greco, confirmó que la empresa venderá acciones Clase B en la Bolsa, en un porcentaje que podría llegar hasta el 49%, mientras que las acciones Clase A seguirán en manos del Estado. Según Greco, esto permitirá "abrirse y complementarse con la industria", asegurando que el capital privado contribuirá a la expansión de la compañía. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con escepticismo por parte de expertos y sectores que defienden el control estatal sobre los servicios públicos esenciales.
Riesgos para la Soberanía Tecnológica
Uno de los principales argumentos en contra de la privatización es la posible pérdida de soberanía tecnológica. ARSAT es responsable de la conectividad en todo el territorio argentino, particularmente en áreas rurales y pequeñas localidades que, de otro modo, no tendrían acceso a servicios de telecomunicaciones. Ceder una parte significativa del control a inversores privados podría poner en riesgo la misión de la empresa, priorizando los intereses comerciales sobre el acceso igualitario a la tecnología.
Además, algunos temen que la apertura al capital privado, especialmente en un sector tan estratégico como las telecomunicaciones, pueda derivar en la concentración de poder en manos de corporaciones extranjeras o grupos de inversión que podrían desviar la orientación de la empresa hacia el lucro a corto plazo, dejando de lado las necesidades sociales y regionales.
La historia reciente de Argentina ofrece múltiples ejemplos de privatizaciones que han tenido resultados negativos, con empresas que fueron desmanteladas o que redujeron drásticamente la calidad de los servicios. A esto se suma el temor de que ARSAT, una empresa estatal creada con la visión de democratizar el acceso a las telecomunicaciones, se vea limitada en su capacidad para cumplir con ese objetivo si queda subordinada a los intereses privados.
Si bien el Gobierno insiste en que la privatización parcial ayudará a atraer inversiones y mejorar la competitividad, es fundamental considerar las implicancias a largo plazo. Un ARSAT con participación privada podría enfocarse más en la rentabilidad que en garantizar el acceso equitativo a la conectividad en todo el país. La pregunta que muchos se hacen es si este proceso de reordenamiento no terminará por desmantelar el proyecto original de ARSAT, debilitando su rol como motor de desarrollo y garante de la soberanía tecnológica nacional.
En un contexto donde la conectividad es clave para el desarrollo económico y social, ceder el control de una empresa estatal fundamental como ARSAT podría ser una decisión costosa, tanto en términos de soberanía como de igualdad de oportunidades para todos los argentinos.
