LEY ANTIMAFIA
Diez imputados fueron procesados con prisión preventiva, acusados de integrar una banda criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Cacheuta, Luján. Se trata de la primera aplicación en Mendoza de la asociación ilícita prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, conocida como “Ley Antimafia", incorporada este año.
El Juzgado Federal Nº1 dictó el procesamiento para los sospechosos, señalados por integrar una organización dirigida por dos presos desde el penal. Se trata de una red dedicada al tráfico de drogas, de armas de fuego y municiones.
La resolución, del juez Marcelo Garnica, es la primera que aplica en la provincia con la figura de la organización criminal, prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786, conocida como “Ley Antimafia”.
De acuerdo al escrito del Ministerio Público Fiscal (MPF), el magistrado fundamentó ese encuadre “en la complejidad de la estructura investigada, lo que permite sancionar con mayor severidad a quienes integran organizaciones dedicadas a la comisión de delitos especialmente graves como los del caso".
La investigación comenzó el 5 de junio de 2024, a partir de una denuncia anónima radicada ante la actual Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz.
En la pesquisa se reveló “la existencia de una banda que llevaba a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes dentro y fuera de la cárcel, venta de armas y la tenencia de vehículos mellizos, liderada por dos reclusos de aquel complejo”-
Frente a lo hallado, el MPF coordinó junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional una serie de medidas investigativas, tales como intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles y tareas de vigilancia, que permitieron individualizar a los miembros de la organización criminal, a los vehículos en los que se trasladaban y a un domicilio que era utilizado como lugar de acopio y distribución de estupefacientes y armas.
Modus operandi
Tiempo después la fiscalía recibió una segunda denuncia anónima, en la que se especificaba que las sustancias ilícitas eran introducidas al penal durante las visitas por mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos al escáner de seguridad. Se mencionó a internos involucrados en la maniobra, quienes ocultarían la droga en sus cuerpos.
“Se aludió también a la presunta colaboración de un agente penitenciario, quien habría ingresado cocaína en cantidades de diez gramos, y de otro agente que habría facilitado la entrada de celulares cuando no estaba operativo el escáner de seguridad, cuyas participaciones todavía no han sido probadas”, detallaron.
Con lo obtenido de los primeros relevamientos, se solicitaron 21 allanamientos, los cuales se realizaron entre el 14 y el 22 de marzo de 2025 en distintos puntos de la provincia, con intervención de fuerzas federales y provinciales.
Allí se logró detener a diez personas que están acusadas de formar parte de la banda, sumado al secuestro de seis armas de fuego de distintos calibres, dos réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones de distinto tipo y calibre, seis balanzas de precisión, 498 gramos de cocaína y 647 gramos de marihuana distribuidos en flores, 14 plantas en distintos estados de desarrollo, semillas de marihuana y troqueles de LSD.
También se incautaron tres autos, dos motocicletas, más de 90 celulares y documentación de interés para la causa.
De acuerdo con el análisis de la información obtenida, “la asociación ilícita investigada habría recurrido sistemáticamente a maniobras orientadas al ocultamiento y aprovechamiento de bienes de presunto origen ilícito, particularmente mediante la utilización de vehículos con irregularidades dominiales, técnicas o de procedencia dudosa”.
Con la pesquisa avanzada, el juez procesó a todos los acusados por ser parte de una “estructura ilícita destinada a la comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de personas menores de edad, por la intervención de tres o más personas, y por haber ocurrido en el interior de un centro de detención; tráfico de armas de fuego y municiones; y encubrimiento agravado”.
Junto con las prisiones preventivas, el magistrado también dispuso trabar un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de $4.680.000 respecto de cada uno de ellos.
