REFORMA LABORAL
Por primera vez, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei establece un marco normativo específico para los repartidores y choferes que trabajan mediante aplicaciones como Rappi, Uber, Cabify o Pedidos Ya. La normativa crea un Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y Reparto y regula la relación entre las plataformas, los prestadores independientes y los usuarios.
Esta medida obliga a los trabajadores a inscribirse y aportar al sistema previsional, garantizando acceso a pensiones, cobertura de salud y la Prestación Básica Universal, y fija derechos y obligaciones tanto para ellos como para las empresas que operan las apps.
Cambios para los trabajadores
Los llamados “prestadores independientes” deberán cumplir con nuevas obligaciones y tendrán derechos específicos:
Obligaciones:
Registrarse ante las autoridades fiscales y aportar al sistema de seguridad social.
Informar una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos.
Respetar las normas de tránsito y cumplir con los viajes o entregas que decidan aceptar.
Derechos:
Elegir cuándo y cómo conectarse a la plataforma, sin exigencias de horarios mínimos.
Rechazar pedidos sin necesidad de dar explicaciones.
Acceder a capacitaciones gratuitas en seguridad vial y manejo de la plataforma.
Contar con un seguro de accidentes personales que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos.
Percibir el 100% de las propinas otorgadas por los usuarios.
Recibir explicaciones y tener derecho a réplica ante la suspensión de la cuenta.
Impacto para los usuarios
El régimen también introduce cambios que afectan la experiencia de quienes utilizan estas aplicaciones:
Los usuarios podrán conocer los criterios de asignación de repartidores o choferes.
Las plataformas deberán garantizar capacitaciones y elementos de seguridad vial, lo que podría mejorar la calidad del servicio.
Se establece la obligación de contar con mecanismos digitales de queja y soporte humano para justificar decisiones que afecten la operatoria.
La formalización de los trabajadores y la obligación de contar con seguros podría trasladarse a los precios finales de los envíos o traslados.
