SISTEMA
El sistema penitenciario argentino atraviesa una crisis histórica de superpoblación. En 2024, la cantidad de personas privadas de la libertad alcanzó un récord de 121.443 detenidos, con una tasa de encarcelamiento de 258 personas cada 100.000 habitantes, la más alta de los últimos 25 años, según un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
El estudio, titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina 2024”, advierte que el encarcelamiento en el país no dejó de crecer en las últimas dos décadas y media, con la única excepción de una leve caída durante la pandemia en 2020. En 2024, el crecimiento de la población carcelaria fue del 7,1%, incluso por encima del promedio anual registrado en los últimos 25 años (6%).
Pese a que distintas jurisdicciones ampliaron su capacidad de alojamiento en un 17,5% durante el año, el incremento sostenido de personas detenidas impidió aliviar la presión sobre el sistema. A nivel nacional, la ocupación promedio de las unidades penitenciarias alcanzó el 130,2%, lo que equivale a 130 personas por cada 100 plazas disponibles.
Provincias con sobrepoblación crítica
El informe detalla situaciones especialmente graves en varias provincias. Salta, San Juan, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe superaron el promedio nacional de sobrepoblación. En contraste, solo Catamarca, Tucumán, Chubut y Santiago del Estero registraron niveles de ocupación inferiores al 90%.
Perfil de la población detenida
Desde el punto de vista sociodemográfico, la población carcelaria está compuesta mayoritariamente por varones (95,4%) y personas jóvenes: seis de cada diez detenidos tienen entre 21 y 39 años. Las personas extranjeras representan el 4,5% del total, aunque su presencia asciende al 16,1% en el Servicio Penitenciario Federal, principalmente por delitos federales y vinculados al tráfico fronterizo.
En cuanto a la situación judicial, el 62% de las personas privadas de la libertad cuenta con condena, mientras que el 37,3% permanece procesado, es decir, en prisión preventiva. Aunque el porcentaje relativo de procesados disminuyó, en términos absolutos la cifra continúa en alza: pasó de 43.191 personas en 2022 a 45.305 en 2024. La desigualdad de género también es marcada: el 48,6% de las mujeres detenidas está sin condena, frente al 36,8% de los varones.
Delitos y penas cortas
El tipo de delito varía según el género. En los varones predominan los delitos contra la propiedad, mientras que en mujeres y personas trans el principal motivo de encierro son los delitos vinculados a estupefacientes, que representan el 36,3% y 34% respectivamente. En los varones, esta categoría alcanza solo el 10,5%.
Un dato clave para la política criminal es que el 17% de las personas condenadas cumple penas menores a tres años. De acuerdo con el CNPT, se trata mayormente de delitos de baja o nula violencia, que podrían ser abordados con medidas alternativas a la prisión, lo que permitiría aliviar la saturación del sistema penitenciario.
Salud mental y encierro
El informe también alertó sobre la situación de 256 personas alojadas bajo medidas de seguridad curativas por razones de salud mental, que representan el 0,2% del total nacional. Aunque esta proporción se mantuvo estable en la última década, en provincias como Misiones asciende al 4,8%, muy por encima del promedio nacional.
Según el CNPT, el alojamiento de personas con padecimientos mentales en cárceles genera graves vulneraciones de derechos, ya que los establecimientos penitenciarios priorizan criterios de seguridad por sobre los tratamientos terapéuticos. “Los abordajes en materia de salud mental resultan deficitarios y, en muchos casos, inexistentes”, concluyó el informe.
