AJUSTE MORTAL
El gobierno de Javier Milei ha decidido aplicar un brutal recorte al Instituto Nacional del Cáncer (INC), desmantelando el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, creado en 2016. Esta medida ya genera una fuerte oposición y alarma en distintos sectores, especialmente entre profesionales de la salud y defensores del sistema público sanitario.
El ajuste afecta de manera directa a miles de pacientes oncológicos en Argentina, una de las principales causas de mortalidad en el país. Como parte de la política de recortes, el gobierno ha suspendido la compra de opioides esenciales, como la morfina y la metadona, fundamentales para el tratamiento del dolor severo en pacientes con cáncer. Además, la mayoría del personal especializado del programa fue despedido, reduciendo la dotación de ocho profesionales a solo dos.
La doctora Mariana Pechenik, referente en cuidados paliativos, expresó en redes sociales que "los cuidados paliativos argentinos estamos de luto", y advirtió que esta situación dejará a numerosos pacientes sin atención calificada ni alivio del dolor. También se verá afectada la formación de profesionales en la materia, así como la provisión de medicamentos a las provincias con menos recursos.
El INC, organismo clave para la coordinación de políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, queda ahora severamente debilitado. Mientras tanto, el plan de ajuste del gobierno sigue golpeando al sistema de salud público, beneficiando a las corporaciones privadas del sector en detrimento del derecho universal a la salud.
Según la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), la gestión de Milei ya ha generado graves perjuicios a cientos de pacientes oncológicos, quienes vieron interrumpida la entrega de medicamentos tras la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Fesprosa advierte que, el año pasado, al menos 60 personas fallecieron debido a la falta de acceso a estos tratamientos esenciales.
Ante esta situación, trabajadores de la salud y organizaciones sociales convocan a una gran movilización este jueves 27 de febrero en defensa de la salud pública. La protesta, impulsada por trabajadores del Ministerio de Salud y de hospitales como el Bonaparte, Posadas y Garrahan, busca exigir una respuesta inmediata y un plan de lucha contundente para frenar el desmantelamiento del sistema sanitario público.
