CAMBIOS
El Gobierno nacional oficializó la privatización del 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de rampa, carga y manejo de equipaje en los principales aeropuertos del país. La medida fue establecida mediante la Resolución 282, publicada en el Boletín Oficial.
La operación implica la salida completa del Estado de la compañía. En este marco, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, impulsa una licitación pública de alcance nacional e internacional para concretar la venta.
La Subsecretaría de Transporte Aéreo será responsable de supervisar el proceso, con el objetivo de garantizar que no se vea afectada la prestación de los servicios aeroportuarios ni la conectividad aérea.
Venta como “empresa en marcha”
Uno de los aspectos centrales del proceso es que Intercargo será vendida bajo la modalidad de “empresa en marcha”. Esto implica que el comprador deberá hacerse cargo de la estructura actual y asegurar la continuidad operativa.
Entre los principales puntos del pliego se destacan:
- Transferencia total: se venderán todos los activos de la empresa.
- Continuidad del servicio: deberán mantenerse los contratos, licencias y operaciones en todos los aeropuertos donde la firma tiene presencia.
- Retiro del Estado: el Estado no conservará participación accionaria ni representación en la gestión futura.
Condiciones y plazos
El Gobierno fijó requisitos concretos para los interesados en adquirir la empresa, que cuenta con cerca de 1.500 empleados:
- Precio base: US$ 45.120.000.
- Consultas: podrán realizarse hasta el 27 de abril.
- Presentación de ofertas: hasta el 7 de mayo, a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Fin del esquema estatal
Intercargo había sido incluida en el proceso de privatización en 2024, que se aceleró en marzo de 2025 tras un decreto presidencial que habilitó la venta.
Con esta medida, el Ejecutivo busca fomentar la competencia en los servicios aeroportuarios y reducir el gasto público vinculado a empresas estatales.
El proceso se desarrolla en un contexto de tensión con los gremios aeronáuticos, que siguen de cerca el impacto sobre el empleo. No obstante, desde el Gobierno aseguran que las condiciones de la licitación garantizan la continuidad operativa y evitan interrupciones en los vuelos.
