1 DE MARZO
El presidente Javier Milei se fijó como meta aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, para llegar a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso con el proyecto ya convertido en ley. Desde la Casa Rosada consideran que esto sería un triunfo político clave para mostrar gobernabilidad ante la Asamblea Legislativa.
Para cumplir el objetivo, el Ejecutivo comenzó a dialogar con los bloques dialoguistas del Congreso, aceptando discutir puntos sensibles pero sin modificar la esencia de la reforma, que busca reducir la litigiosidad y los costos de contratación.
La carrera contra el tiempo
El oficialismo sabe que el calendario juega en su contra. Si bien cuenta con el apoyo de sectores empresariales, enfrenta la resistencia de la CGT, que ya judicializó varios artículos por considerarlos inconstitucionales. La estrategia de Milei se centra en polarizar con lo que denomina la “industria del juicio” y presionar por su aprobación en sesiones extraordinarias de febrero.
El Gobierno tiene 21 senadores propios en el Senado, pero necesita alcanzar los 37 para lograr quórum y mayoría. Según fuentes oficiales, aprobar la ley este mes sería un símbolo de gobernabilidad y fortaleza política. Patricia Bullrich anticipó que el texto final se dará a conocer este miércoles.
El rol del Congreso y la Justicia
Mientras el Ejecutivo espera que la Corte Suprema despeje las disputas sobre el derecho a huelga —ya que el proyecto declara “servicio esencial” a más de 30 actividades, limitando los paros—, la negociación en el Congreso se concentra en los 15 senadores indecisos, que podrían definir la aprobación de la reforma antes de que termine el verano.
Qué cambia para los trabajadores
La reforma propone modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con impacto directo en millones de argentinos:
Fondo de Cese Laboral (FAL): reemplaza la indemnización tradicional por despido con un seguro de desempleo privado financiado con un aporte obligatorio del 3% del salario a cargo del empleador.
Banco de Horas: permite jornadas de hasta 12 horas diarias, compensando con días libres o jornadas más cortas, respetando los descansos mínimos.
Salarios “dinámicos”: habilita el pago en moneda extranjera o en especie (alimentos, vivienda), eliminando los topes actuales del 20% del salario.
Vacaciones flexibles: trabajadores y empleadores podrán acordar el fraccionamiento de la licencia anual (mínimo 7 días) y disfrutarla fuera del período legal entre octubre y abril.
Con estas medidas, el Gobierno busca modernizar el mercado laboral y reducir costos para las empresas, aunque enfrenta críticas de sindicatos que alertan sobre un posible retroceso en derechos laborales y preparan acciones de presión política y judicial.
