La Cámara de Diputados se prepara para debatir una reforma de la Ley de Glaciares (26.639) que propone redefinir las áreas protegidas y permitir el desarrollo de actividades productivas, especialmente en zonas periglaciares.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional con respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas, apunta a facilitar inversiones —principalmente mineras— bajo el marco del régimen de incentivos vigente.
Más autonomía para las provincias
Uno de los puntos centrales del proyecto es otorgar mayor poder a las provincias, que podrán definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a la producción.
Además, se propone modificar los criterios actuales de protección, en particular en el ambiente periglacial, donde hasta ahora regían restricciones más estrictas.

Evaluaciones ambientales y nuevas condiciones
La reforma elimina la prohibición automática de actividades extractivas en estas zonas. En su lugar, establece que los proyectos podrán avanzar si cuentan con una evaluación de impacto ambiental favorable.
La habilitación dependerá de estudios técnicos que determinen si el área cumple una función clave en el sistema hídrico. Si no es así, podría autorizarse su explotación.
El rol del inventario de glaciares
La legislación vigente establece el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica estas formaciones y su importancia para el abastecimiento de agua en el país.
Actualmente, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas a lo largo de la cordillera. Sin embargo, algunos sectores cuestionan la actualización de este registro, lo que suma tensión al debate.
Desarrollo vs. ambiente
La discusión abre un eje clave entre promoción de inversiones y protección ambiental. Mientras el Gobierno y varias provincias buscan impulsar la actividad minera, especialistas advierten sobre los posibles impactos en recursos estratégicos como el agua.
El tratamiento en Diputados será decisivo para definir el alcance de la reforma y su impacto en el modelo productivo y ambiental del país.
