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JUSTICIA

Régimen penal juvenil: cuáles son los puntos clave de la ley que fija la imputabilidad desde los 14 años

La norma establece un sistema de sanciones para adolescentes de 14 a 18 años que cometan delitos. Contempla penas de hasta 15 años de prisión y medidas orientadas a la educación y reinserción social.

Regimen Penal Juvenil

El Gobierno nacional promulgó el nuevo régimen penal juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años para quienes cometan delitos. La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y regula el tratamiento judicial para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes especiales.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado hace diez días con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió su sanción definitiva en el Congreso. El proyecto fue impulsado por el gobierno de Javier Milei y busca establecer un sistema que combine sanciones penales con medidas orientadas a la educación, formación e integración social de los jóvenes.

Regimen Penal Juvenil
Régimen Penal Juvenil

Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, actividades deportivas o culturales y, cuando sea necesario, tratamientos médicos o psicológicos. Además, la ley contempla sanciones como amonestaciones judiciales, restricciones de acercamiento a la víctima, prohibición de asistir a determinados lugares o monitoreo electrónico.

En los casos más graves, el régimen habilita la aplicación de penas privativas de libertad, que podrán cumplirse mediante detención domiciliaria o en institutos especializados para adolescentes. La norma establece que los menores no podrán permanecer alojados junto a adultos y fija un máximo de 15 años de prisión, además de prohibir la prisión perpetua para menores.

La nueva legislación también incorpora mecanismos alternativos, como la mediación penal juvenil o la suspensión del proceso a prueba, y deroga la Ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de menores. Además, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adaptar sus normativas al nuevo sistema.

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