UN DOLOR DE CABEZA
El Registro Automotor N°14 de Motovehículos, ubicado en la lateral de la Costanera, en Capital, dejó de funcionar en julio tras la renuncia de su responsable. La decisión fue atribuida a la falta de rentabilidad, y dejó paralizados al menos 1.000 trámites de propietarios que no pueden avanzar con transferencias ni obtener documentación clave de sus vehículos.
La situación afecta principalmente al Gran Mendoza, ya que una gran proporción de motos del área están radicadas en esa oficina. Al no tratarse de empleados estatales, sino contratados por el titular del registro, el cierre también implicó la desvinculación del personal, dejando la sede completamente inactiva.
Este registro, como todos los del país, opera de forma autárquica: cubre sueldos, servicios y alquiler con lo recaudado por cada trámite. Sin embargo, los valores no se actualizan desde hace más de un año. El atraso tarifario, sumado a la inflación, provocó que el funcionamiento fuera insostenible.
Desde la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (Dnrpa) reconocen que no se trata de un caso aislado. Hay otras oficinas cerradas a nivel nacional, como ocurrió en Bahía Blanca, donde el Registro N°3 estuvo inactivo por dos meses hasta la designación de un interventor.
Mientras tanto, en Mendoza se acumulan entre 60 y 70 trámites diarios sin resolver desde hace más de 20 días. Si no se nombra un interventor en el corto plazo, la situación podría extenderse a otros registros especializados en motovehículos, que también atraviesan una crisis.
El Registro Único Nacional de Automotores (RUNA), pensado para permitir gestiones sin importar la jurisdicción, no ha sido una alternativa viable por falta de personal capacitado, producto de retiros voluntarios masivos que dejaron sin estructura operativa a la Dnrpa.
Actualmente, el Registro N°14 permanece cerrado y se cancelaron todos los turnos de julio. Solo se mantiene una guardia pasiva para trámites iniciados con anterioridad, de lunes a viernes, entre las 8 y las 12 horas. Aún no hay definiciones sobre la reapertura.
El colapso se produce en un contexto complejo, donde el Gobierno nacional ha manifestado su intención de reducir o eliminar registros automotores, una política que genera rechazo en diversos sectores del rubro, quienes advierten que este tipo de cierres impide a los ciudadanos ejercer su derecho sobre la propiedad de sus vehículos.
