LITIGIOSIDAD
Mendoza enfrenta un récord histórico de juicios laborales en el sistema de Riesgos del Trabajo (ART), en medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Entre enero y noviembre de 2025 se iniciaron casi 132.000 demandas, un incremento del 5,1% respecto al año anterior, pese a que la siniestralidad laboral continúa disminuyendo. La provincia se ubica en la quinta posición del país, con casi 10.000 juicios durante el período, registrando un aumento del 18% respecto a 2024.
Certificados médicos y costos para las empresas
Empresarios locales alertan sobre la complejidad de verificar el origen de muchos accidentes laborales y los altos costos que generan los juicios. Los certificados médicos frecuentes por dolencias menores o problemas ocurridos fuera del ámbito laboral, así como los accidentes durante el trayecto al trabajo, complican la gestión diaria y pueden derivar en gastos prolongados para las empresas.
El impacto de la litigiosidad se percibe incluso con seguros vigentes, ya que los costos indirectos afectan las tasas y primas de las ART y, en algunos casos, pueden desincentivar la contratación de personal o poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
Fallas del sistema y reducción de accidentes
El crecimiento de los juicios se vincula a fallas estructurales y demoras administrativas, que generan tensiones entre el derecho de los trabajadores a acceder a la Justicia y la sostenibilidad del sistema. Mendoza fue pionera en implementar la Ley Nacional 27.348 de Riesgos del Trabajo, que establece una instancia administrativa previa y obligatoria antes de iniciar un juicio.
El esquema procesal de la provincia agiliza los tiempos judiciales y promueve acuerdos tempranos. Los juicios laborales duran alrededor de un año y, tras la pericia médica, se realiza una audiencia inicial que facilita la conciliación. Además, la provincia incorporó un Cuerpo Interdisciplinario de Peritos, que supervisa y corrige pericias médicas para dar mayor transparencia al proceso.
Aunque la siniestralidad laboral ha disminuido, los conflictos persisten debido a rechazos de ART o desacuerdos sobre la incapacidad determinada, lo que obliga a muchos trabajadores a judicializar sus reclamos para garantizar sus derechos.
Conciliación obligatoria y debate por la reforma
La Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO), implementada en 2017, redujo los juicios en más de un 60% y fomenta el diálogo antes de llegar a la Justicia. Sin embargo, el trabajador sigue siendo la parte más vulnerable y requiere asesoramiento legal adecuado para no perder derechos durante estas instancias.
El debate sobre la reforma laboral nacional agrega un nuevo contexto. Cambios en la definición de conceptos remunerativos podrían afectar indirectamente las bases de cálculo de indemnizaciones y, en consecuencia, el sistema de Riesgos del Trabajo.
El modelo mendocino se presenta como un caso testigo: menor duración de los juicios, mayor conciliación y control técnico de las pericias, aunque aún enfrenta desafíos en la administración y en garantizar pericias confiables.
