CÁMARA DE DIPUTADOS
La Ley 6722 de Seguridad Pública, que establece el marco de actuación de la Policía de Mendoza, será modificará para incorporar criterios más específicos sobre el uso de armas de fuego. La iniciativa ya había sido aprobada en Diputados, luego fue revisada en el Senado, donde se introdujeron cambios, y ahora volvió a la cámara baja para su tratamiento. Pasado el mediodía de este miércoles, se transformó en ley.
Uno de los puntos centrales del proyecto fue la necesidad de definir con mayor precisión cuándo existe “peligro inminente”, una condición clave que habilita el uso de fuerza letal. Aunque la normativa que estaba vigente permitía utilizar armas en casos de legítima defensa o para proteger la vida de terceros, los impulsores de la reforma sostienen que actualmente esos criterios resultan demasiado generales y pueden dar lugar a interpretaciones posteriores.
La propuesta presentada por los legisladores Gustavo Cairo y Enrique Thomas busca entonces establecer parámetros más concretos para el accionar policial. La intención es que los agentes cuenten con reglas más claras al momento de enfrentar situaciones críticas, reduciendo la ambigüedad sobre cuándo se configura un riesgo inmediato.
El proyecto también introduce cambios en el procedimiento previo al uso del arma. La norma plantea que el efectivo deberá identificarse y advertir antes de disparar, aunque contempla situaciones excepcionales en las que esa advertencia podría omitirse si ponerla en práctica incrementa el peligro para el propio agente o para otras personas.
Además, la nueva ley incorpora cambios vinculados al rol preventivo de la Policía, detallando tareas de vigilancia y control en espacios públicos. A la vez, suma un nuevo apartado que habilita formalmente la convocatoria de policías retirados para cumplir funciones dentro de la fuerza, fijando criterios sobre las tareas que podrán desempeñar y la remuneración que recibirán según el cargo o responsabilidad asignada.
