Se complica la negociación de la reforma laboral por licencias por enfermedad
Tras la media sanción en el Senado, la reforma laboral entra en una etapa decisiva en la Cámara de Diputados. Originalmente prevista para el 25 de febrero, el oficialismo decidió acelerar los tiempos: convocará a un plenario de comisiones este miércoles, con la intención de llevar el proyecto al recinto el jueves.
Tensión entre aliados y oposición
El clima en el Congreso es tenso. Aunque la mayoría de los bloques dialoguistas respalda la reforma, algunas modificaciones introducidas a último momento en el Senado generaron alertas en el PRO, la UCR y Provincias Unidas, que amenazan con exigir cambios que podrían devolver el proyecto al Senado.
Licencias por enfermedad bajo debate
El punto más conflictivo es el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. La norma establece que el empleador pagará el 75% del sueldo al empleado con licencia por enfermedad o accidente, pero reducirá este porcentaje al 50% si la licencia se origina en una actividad voluntaria no vinculada al trabajo.
Desde el PRO y la UCR, presidida por Pamela Verasay, advierten que la medida es “ruidosa” y disminuye la protección de los trabajadores. El oficialismo, en cambio, la defiende como necesaria para evitar abusos, y plantea que ciertas situaciones podrían aclararse mediante reglamentación, sin modificar la ley.
Otras controversias
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Provincias Unidas, liderado por Gisela Scaglia, cuestiona la falta de claridad sobre la administración del fondo destinado a financiar indemnizaciones. Según lo aprobado en el Senado, el 3% aportado por ANSES se distribuiría con un 2,5% para pymes y 1% para grandes empresas, aunque estos porcentajes podrían modificarse.
Billeteras virtuales: El macrismo, encabezado por Cristian Ritondo, exige eliminar el artículo que permite el pago de sueldos a través de aplicaciones financieras, argumentando que el Estado no debe imponer cómo cobra el trabajador.
Retroactividad: La redacción actual establece que la ley entrará en vigencia al publicarse en el Boletín Oficial, dejando abierta la posibilidad de que afecte contratos previos, lo que podría derivar en juicios masivos y judicializar la reforma apenas sea sancionada.
Trámite exprés y estrategia oficialista
A pesar de las quejas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene su postura de no aceptar modificaciones. La estrategia oficialista busca un trámite exprés para que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con la ley ya vigente.
Si la oposición logra imponer cambios este jueves, el proyecto tendría que regresar al Senado, lo que retrasaría los planes del Gobierno y podría complicar la agenda legislativa de cierre de febrero.