EMERGENCIA
El sector de discapacidad se prepara para una jornada clave este miércoles 20 de agosto, cuando la Cámara de Diputados analizará el veto a la Ley 27.793, recientemente rechazada por el Gobierno. La norma, que declara la emergencia en el sector y prevé financiamiento estatal para pensiones, actualización de aranceles y compensaciones a prestadores, es vista como la última esperanza para miles de beneficiarios y trabajadores.
La crisis del sector no es reciente. La falta de actualización de aranceles, arrastrada desde gestiones anteriores y acentuada durante la pandemia, dejó a prestadoras y transportistas al borde del colapso. Se estima que más de 150.000 empleos están en riesgo, y casi la mitad de los transportistas que seguían en actividad quebraron a mediados de 2024. La caída en los ingresos afecta directamente a 200.000 personas con discapacidad que dependen de estos servicios.
La ley vetada propone, entre otros puntos, financiar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, actualizar automáticamente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, compensar deudas fiscales y de seguridad social de los prestadores y mantener la transparencia en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, desde la Casa Rosada se oponen a la implementación de la norma por el impacto fiscal estimado: entre $2 y $4 billones en nuevas pensiones, más $12.600 millones en incentivos a la contratación y otros gastos adicionales, representando entre 0,28% y 0,51% del PBI.
Pese a los argumentos económicos, expertos destacan que el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por Argentina, establece la obligación de garantizar el pleno goce de derechos para estas personas. La falta de cumplimiento impacta directamente en su desarrollo, calidad de vida y salud mental.
En Diputados, la ley fue aprobada con 149 votos a favor, mientras que el bloque libertario y parte del PRO se opusieron. Otros espacios como la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica, izquierda y algunos radicales disidentes apoyaron la iniciativa. Este respaldo genera expectativas de que la norma podría superar el veto, aunque algunos bloques plantean mantener la oposición con exigencias al Gobierno para mejorar prestaciones.
El miércoles 20, el sector de discapacidad movilizará una masiva marcha frente al Congreso a las 11, en un intento por presionar a los legisladores y visibilizar su histórico reclamo. La decisión de la Cámara de Diputados será determinante para definir si la ley logra entrar en vigencia o si la crisis del sector se profundiza.
