NUEVA NORMATIVA
Ya se encuentra vigente en Mendoza la ley que regula la coexistencia entre distintos cultivos agrícolas y fortalece la producción de semillas de alta calidad, una normativa que apunta a preservar la integridad genética, brindar previsibilidad a los productores y mejorar la competitividad del sector semillero provincial.
La iniciativa establece un marco normativo provincial destinado a “garantizar una convivencia ordenada entre diferentes sistemas productivos, evitando contaminaciones genéticas y asegurando la calidad, trazabilidad y certificación de las semillas producidas en territorio mendocino, especialmente en cultivos de alto valor agregado.”
El proyecto fue presentado oportunamente en la Legislatura provincial y contó con la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, la senadora Fernanda Sabadín, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, y el director de Agricultura, Alfredo Draque.
En ese contexto, Vargas Arizu subrayó que el segmento de semillas híbridas de exportación exige condiciones muy específicas, y remarcó que Mendoza reúne ventajas competitivas clave, como una sólida cultura hortícola y un excelente estatus sanitario, lo que posiciona a la provincia a nivel global junto a regiones como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.
La ley también armoniza con la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247 y otorga herramientas concretas para ordenar el uso del suelo, resguardar la identidad varietal de los cultivos y fomentar inversiones en la actividad semillera.
Uno de los puntos centrales es la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Uso de la Tierra (RUT) para todos los productores que realicen producción, multiplicación o comercialización de semillas. Este registro, que estará a cargo de la Dirección de Agricultura, contará con información georreferenciada sobre ubicación, especie, variedad y fechas de siembra, lo que permitirá identificar zonas de riesgo, planificar cultivos y evitar interferencias entre parcelas.
La autoridad de aplicación será el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), organismo que tendrá a su cargo la fiscalización y los controles para asegurar el cumplimiento de la normativa.
Además, la ley prevé la implementación de protocolos de aislamiento y medidas complementarias, como barreras físicas, cortinas vegetales o desfases temporales de siembra, con el objetivo de minimizar la polinización cruzada. También contempla un régimen de sanciones económicas e inhabilitaciones temporales ante incumplimientos, y promueve la coordinación interjurisdiccional con otras provincias, especialmente en zonas limítrofes.
