PARITARIAS
El 31 de diciembre, los sindicatos de trabajadores estatales nacionales se reunieron con el Gobierno en lo que fue la última paritaria de 2024, pero la reunión terminó sin avances significativos. La Secretaría de Trabajo convocó a los representantes de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), pero no presentó ninguna oferta formal para actualizar los salarios del sector, lo que provocó el malestar de los representantes sindicales. La reunión, que se realizó de manera virtual por Zoom, concluyó con un cuarto intermedio y se convocó una nueva reunión para los primeros días de enero.
Reclamos y críticas de ATE
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, expresó su indignación en redes sociales, acusando al Gobierno de dilatar los tiempos y de no atender las urgentes necesidades de los trabajadores estatales. "Está claro que los tiempos del Gobierno no se corresponden con las necesidades urgentes que tienen los trabajadores", expresó. A pesar de que en 2024 los estatales recibieron un aumento salarial del 73%, la inflación superó el 112%, lo que, según Aguiar, generó una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Si bien la reunión fue convocada con la esperanza de avanzar en un acuerdo salarial, los sindicalistas ya preveían que no se alcanzaría un entendimiento. El clima de desconfianza creció aún más cuando se criticó la convocatoria tardía, señalando que fue parte de una estrategia del Gobierno para dilatar la discusión. Para ATE, esta reunión fue parte de lo que calificaron como "una nueva teatralización" del Gobierno.
Despidos y recortes en el sector público
La paritaria se enmarca en un clima de tensión debido a los despidos masivos dentro del Estado. Este 31 de diciembre vencen más de 57.000 contratos laborales en el sector público, sin claridad sobre cuántos trabajadores continuarán en sus puestos. Desde que asumió Javier Milei, el Gobierno ha implementado un recorte en la planta estatal, reduciendo la cantidad de empleados en 35.000. Además, se han producido despidos en el Ministerio de Justicia, que afectaron a 2.400 trabajadores, especialmente en áreas como los sitios de Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos.
También se destacan los recortes en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde 104 de los 144 trabajadores han sido desvinculados, como parte del ajuste en marcha. En medio de este escenario, ATE continúa siendo el único gremio que se opone activamente a los despidos y al ajuste dentro de las reparticiones públicas.
