SEGURIDAD SOCIAL
El sistema previsional argentino atraviesa un fuerte desequilibrio estructural: actualmente hay apenas dos trabajadores registrados por cada jubilado, una relación que se ubica por debajo del mínimo necesario para sostener el esquema de seguridad social.
De acuerdo con especialistas, se requieren al menos tres aportantes por beneficiario para garantizar la sustentabilidad del sistema. Sin embargo, la dinámica del mercado laboral viene deteriorando esa ecuación desde hace años.
Uno de los principales factores es la precarización del empleo y el crecimiento del trabajo independiente. Según un informe de la consultora Focus Market, en 2005 el 82% de los trabajadores aportaba bajo el régimen general, mientras que hacia fines de 2025 ese porcentaje cayó al 69%, impulsado por el aumento del monotributo.
La diferencia en términos de financiamiento es significativa: se necesitan 2,3 trabajadores en relación de dependencia para cubrir una jubilación mínima, pero hacen falta 24 monotributistas para alcanzar el mismo objetivo. Esta brecha refleja el menor nivel de aportes del empleo independiente.
El impacto sobre el sistema es directo. En las últimas dos décadas se registró una pérdida neta de aproximadamente tres millones de empleos formales, que no logra ser compensada por los casi cinco millones de trabajadores encuadrados en regímenes simplificados.
A esto se suma un cambio en la estructura productiva: sectores como la industria y la construcción —que concentran gran parte del empleo formal— muestran caídas en su nivel de actividad, mientras crecen rubros como el agro y la minería, que demandan menos mano de obra.
Ante la insuficiencia de aportes, el Estado cumple un rol cada vez más relevante. Actualmente, financia cerca del 40% de las más de 6 millones de jubilaciones vigentes a través de recursos del Tesoro y tributos con asignación específica, administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Este desbalance tiene consecuencias directas sobre los beneficiarios: el sistema ajusta mediante una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las jubilaciones, en un contexto donde la inflación erosiona los haberes y profundiza la fragilidad del esquema previsional.
