AJUSTE ALARMANTE
Desde la asunción de Javier Milei, las jubilaciones y pensiones se convirtieron en uno de los pilares centrales del ajuste fiscal. En poco más de dos años, el haber medio perdió un 23% de su poder adquisitivo real y cada jubilado acumuló una pérdida promedio cercana a los 5 millones de pesos. Como resultado, apenas tres de cada diez personas mayores logran hoy cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos previsionales.
El recorte sobre el sistema previsional no fue un fenómeno aislado ni transitorio. Por el contrario, se consolidó como una política estructural que explica una parte significativa del ahorro fiscal del Gobierno. En ese período, el ajuste sobre jubilaciones representó una poda multimillonaria del gasto público, mientras la jubilación mínima quedó reducida a un nivel que apenas cubre un tercio del costo real de vida de una persona mayor.
La situación se agrava por el esquema de actualización vigente. Desde el cambio introducido por decreto en 2024, los haberes quedaron atados exclusivamente a la inflación, lo que impide cualquier recuperación de lo perdido durante los primeros meses de la gestión libertaria. De este modo, incluso con una desaceleración inflacionaria, las jubilaciones enfrentan un “techo” que limita su recomposición real y consolida la licuación del ingreso previsional.
En ese marco, la expectativa por el dato oficial de inflación de diciembre se combina con estimaciones privadas que anticipan una suba mensual cercana al 2,5%. Sin embargo, aun con variaciones más moderadas de precios, el esquema actual no permite revertir el deterioro acumulado del poder adquisitivo de los jubilados.
Ajuste fiscal y vejez empobrecida
El programa económico del Gobierno impacta sobre toda la población, pero sus efectos resultan particularmente severos en las personas mayores. El aumento sostenido de alimentos, medicamentos, servicios y vivienda, junto con el ajuste fiscal, empujó a que al menos siete de cada diez jubilados tengan ingresos insuficientes para subsistir.
La pobreza en adultos mayores creció por encima del promedio general, reflejando un proceso de empobrecimiento acelerado. Hoy, más de un millón de personas de la tercera edad se encuentran por debajo de la línea de pobreza, enfrentando una vejez atravesada por ingresos que no alcanzan para cubrir lo básico.
El costo de vida real de una persona mayor supera ampliamente los ingresos previsionales. La canasta de consumo para adultos mayores se encuentra muy por encima del haber mínimo, impulsada principalmente por alimentos, servicios del hogar y gastos en salud. A esto se suma el fuerte aumento de los medicamentos, varios de los cuales crecieron por encima del promedio general.
En contraste, la jubilación mínima, incluso con el bono extraordinario congelado, se mantiene muy lejos de cubrir ese nivel de gastos. En términos concretos, los ingresos mensuales de un jubilado representan apenas un tercio de lo necesario para sostener una vida digna.
Endeudamiento y deterioro social
La pérdida de poder adquisitivo derivó en un creciente endeudamiento de los hogares jubilados. Frente a ingresos que no alcanzan, muchas personas mayores recurrieron al crédito para cubrir consumos básicos, en un contexto en el que la morosidad alcanzó niveles récord tanto en préstamos personales como en tarjetas de crédito.
Presupuesto 2026: el ajuste continúa
El Presupuesto 2026, el primero aprobado durante la actual administración, confirma la continuidad del ajuste previsional. Si bien las partidas destinadas a jubilaciones muestran un incremento real moderado, el bono para la mínima volverá a perder poder adquisitivo al mantenerse congelado durante todo el año. Como consecuencia, la jubilación mínima sufriría una nueva caída real.
Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa reformas laborales bajo el argumento de fortalecer el empleo y el sistema previsional. Sin embargo, estas iniciativas avanzan en un contexto de actividad estancada, caída del empleo formal y crisis empresarial. Detrás del discurso de la modernización, las propuestas apuntan a una reducción de derechos laborales, un debilitamiento de la negociación colectiva y un mayor desfinanciamiento de la seguridad social.
La reducción de las contribuciones patronales y la reasignación de recursos del sistema previsional comprometen la capacidad futura de mejorar jubilaciones y pensiones. En ese escenario, el ajuste sobre los jubilados no aparece como un efecto colateral, sino como uno de los ejes centrales del programa económico, con consecuencias directas y duraderas sobre la calidad de vida de las personas mayores.
