POLÉMICA
La reciente decisión del Gobierno nacional de reducir aranceles a la importación de productos electrónicos volvió a poner en el centro del debate al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Este sistema, vigente desde 1972, otorga importantes beneficios impositivos a empresas que ensamblan productos como celulares, televisores o aires acondicionados en la provincia más austral del país. Sin embargo, el esquema también es señalado como una de las causas del elevado precio de la tecnología en el resto del territorio nacional.
A través de una serie de medidas anunciadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, el Ejecutivo plantea una rebaja progresiva de los aranceles a la importación de celulares (hoy del 16%), que se reducirá a 8% de forma inmediata y será eliminado por completo en enero de 2026. A esto se suma una baja en los impuestos internos que impactan en celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19% al 9,5%. Para los productos fabricados en la isla, en cambio, ese tributo será eliminado por completo.
También se prevé una disminución del arancel de importación de consolas de videojuegos, que pasará del 35% al 20%.
Qué es el régimen de Tierra del Fuego
Creado por la Ley 19.640 en mayo de 1972, el régimen fueguino nació como una estrategia para compensar las dificultades logísticas y climáticas de operar en esa región. Con el paso de los años, se transformó en un polo de ensamblaje electrónico, con grandes empresas como Newsan, Mirgor o BGH produciendo allí más del 90% de los celulares que se venden en el país.
El modelo ofrece exenciones clave: las empresas no pagan impuesto a las ganancias, están exentas del impuesto al cheque y no tributan aranceles por la importación de insumos. Además, desde 2022, un fondo fiduciario —creado durante el gobierno de Alberto Fernández— capta el 15% del beneficio obtenido por ventas con IVA para destinarlo en parte a obras y proyectos locales.
Sin embargo, un informe de 2023 de la organización Fundar calculó que el costo fiscal del esquema supera los USD 1.070 millones al año, cifra equivalente al 87% del presupuesto nacional en ciencia y tecnología.
¿Y después del ensamblaje?
Para algunos funcionarios del actual gobierno, el régimen fueguino no sólo es costoso, sino que limita el verdadero potencial de la provincia. Sturzenegger, una de las voces más duras contra el sistema, afirmó: “Tierra del Fuego podría ser como Nueva Zelanda. Tiene glaciares, esquí, navegación, es la puerta a la Antártida. Pero en vez de eso, la llenamos de galpones industriales”.
A pesar de las críticas, el Gobierno no ha derogado la ley de fondo ni eliminado el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que aún destina alrededor de $180.000 millones a proyectos locales. La pulseada continúa, mientras se redefine el futuro productivo y económico de una de las regiones más estratégicas —y debatidas— del país.
