El vertedero municipal de San Carlos de Bariloche, ubicado en una zona urbana y muy próxima a áreas naturales de alto valor turístico, fue incorporado por la International Solid Waste Association entre los 50 basurales más contaminantes del mundo, siendo el único sitio de la Argentina incluido en esa clasificación.
La ciudad, que recibe más de un millón de visitantes al año, convive desde hace más de cuatro décadas con un sistema de disposición final sin tratamiento, control ni infraestructura adecuada.
El predio recibe alrededor de 200 toneladas diarias de residuos y acumula más de 500.000 toneladas. Apenas un 5% del total se recicla, lo que intensifica la afectación sobre el aire, el suelo y las napas de agua. Según especialistas y organizaciones ambientales, la falta de medidas básicas como compactación, cobertura de residuos, ventilación de gases o una barrera impermeable facilita la generación y filtración de lixiviados, que representan uno de los principales riesgos para los lagos Gutiérrez y Nahuel Huapi.
Desde distintas entidades subrayan que la ciudad enfrenta un escenario crítico pero, a la vez, una oportunidad para reconvertir su sistema de gestión de residuos. La Fundación Impacta, que impulsa proyectos de sostenibilidad, organiza en Bariloche el encuentro “Patagonia sin Basura”, donde se presentarán 80 propuestas para mejorar la operación del predio y avanzar hacia soluciones de regeneración ambiental, social y económica.

Los antecedentes muestran que el problema se extiende en el tiempo. En 2014 se clausuró el basural original y se inauguró una celda para residuos controlados, pero un incendio dañó su membrana y la planta de tratamiento de lixiviados nunca llegó a funcionar. La saturación del espacio disponible obligó a reutilizar sectores ya excavados, mientras que las quemas descontroladas se volvieron periódicas, con impacto en la calidad del aire y riesgo de nuevos incendios.
La afectación también alcanza a la comunidad. Un relevamiento entre vecinos y profesionales de la salud indicó que el 91% de los consultados percibe consecuencias en su salud, con síntomas respiratorios, dermatológicos y psicológicos. Además, el vertedero se transformó en fuente de ingreso para familias que realizan recolección informal, en un contexto de crecimiento urbano acelerado y escasez de alternativas.
A nivel normativo, la ley provincial 5491 ordenó en 2020 el cierre de todos los basurales a cielo abierto en un plazo de tres años. En 2022, la ordenanza local 3349 fijó el cierre del predio para diciembre de 2023, pero el plazo no se cumplió. Las autoridades actuales reconocen la necesidad de trasladar el sitio, aunque señalan los altos costos asociados. La Defensoría del Pueblo inició un seguimiento formal para exigir acciones de coordinación, planificación y reducción de riesgos.
Organizaciones y especialistas advierten que, además del daño ambiental, la ineficiencia en la gestión de residuos implica un fuerte impacto económico: los municipios destinan en promedio un 30% del presupuesto a la recolección y tratamiento, sin que ello genere mejoras de fondo. En un país con más de 5.000 basurales a cielo abierto, Bariloche enfrenta el desafío de revertir la crisis y convertirse en un ejemplo de sostenibilidad en la región.
