El Gobierno de Mendoza formalizó una resolución administrativa que obliga a un sargento de la fuerza a afrontar un pago de 976.000 pesos por los daños verificados en una pistola Hi-Power calibre 9 mm, arma que tenía asignada y cuyo deterioro quedó documentado en un expediente interno. El monto fijado corresponde al perjuicio material ocasionado, que incluye el daño visible en el pavonado y el valor de sus dos cargadores.
La notificación detalla que el efectivo dispone de diez días hábiles para presentarse en la División Siniestros y Recupero de Bienes de la Dirección de Administración, instancia donde deberá regularizar el resarcimiento económico. Si el plazo se supera, el valor podrá actualizarse y el Estado quedará habilitado para avanzar con acciones judiciales para su cobro.

El procedimiento también contempla mecanismos de revisión: el sargento puede presentar un recurso de revocatoria o pedir aclaraciones en un plazo de quince días hábiles, siempre que considere que la notificación oficial contiene errores o necesite correcciones formales.


