El 31 de diciembre vencerán más de 57.000 contratos de empleados estatales, generando preocupación entre los sindicatos, que demandan claridad sobre su continuidad laboral.
Durante 2024, el Gobierno de La Libertad Avanza implementó un ajuste que redujo 34.000 puestos en el sector público. Esta nueva instancia coincide con la aplicación del examen obligatorio para los empleados estatales, cuya aprobación es un requisito para continuar en la planta. Según cifras oficiales, el 95% de los evaluados superó esta prueba en su primer intento.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, instó al Gobierno a renovar los contratos por al menos un año y terminar con la precarización laboral en el Estado. "Debe garantizarse la continuidad de los 57.513 contratos que vencen y eliminar el sistema de evaluación pública", sostuvo.
El reclamo del sindicato también incluye el pase de los trabajadores contratados a planta permanente y críticas hacia las políticas de ajuste. "En 2025 les vamos a robar la motosierra y cortar sus cabezas", manifestó Aguiar en una declaración que generó controversia y derivó en una denuncia judicial por apología del delito y sedición.
Desde su asunción, el presidente Javier Milei había prometido reducir drásticamente la plantilla estatal. Aunque el objetivo inicial era despedir a 70.000 trabajadores, el recorte alcanzó a 34.000 empleados públicos en 2024, marcando el inicio de una política de ajuste que genera tensiones y desafíos en la Administración Pública Nacional.



