AJUSTE
El Gobierno nacional volverá a apelar el fallo judicial que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo del conflicto judicial por su aplicación.
La presentación será realizada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que deberá decidir si concede el recurso extraordinario. En caso de rechazo, el Ejecutivo prevé recurrir mediante una queja ante la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra sobre el caso.
Desde la Casa Rosada argumentan que no cuentan con los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con la norma, y sostienen que su aplicación afectaría el equilibrio fiscal. El costo estimado del cumplimiento de la ley rondaría los 2,5 billones de pesos.
Qué establece la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, establece una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización retroactiva por inflación desde diciembre de 2023 y un mecanismo de ajuste mensual automático por IPC.
Además, dispone la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades en base a la inflación, con revisiones periódicas, y refuerza el financiamiento de becas y hospitales universitarios.
También establece mecanismos de control y auditoría a cargo de la Auditoría General de la Nación, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de los fondos.
El conflicto judicial
El Gobierno intentó frenar la aplicación de la norma mediante un decreto que suspendía su ejecución presupuestaria, argumentando la falta de especificación de fuentes de financiamiento. Esta decisión derivó en presentaciones judiciales por parte de universidades y gremios, que denunciaron un recorte presupuestario.
En distintas instancias judiciales, el Ejecutivo apeló fallos favorables a las universidades, sosteniendo que el Poder Judicial no puede interferir en decisiones de política económica. Sin embargo, la Justicia ya había dado un revés al Gobierno al rechazar esos planteos y ratificar la vigencia de la ley.
La posición del Gobierno
En paralelo, la Casa Rosada trabaja en una propuesta alternativa de financiamiento universitario que será enviada al Congreso. El proyecto plantea una recomposición salarial escalonada y modifica el esquema actual de actualización automática por inflación.
La iniciativa también redefine el sistema de paritarias, mantiene convocatorias periódicas pero sin garantizar aumentos atados al IPC, y establece nuevos criterios para la asignación de fondos a universidades, hospitales y programas de ciencia y técnica.
Según el esquema oficial, los recursos dependerían de partidas específicas del Presupuesto 2026 y de eventuales excedentes fiscales.
Un conflicto abierto
El debate por el financiamiento universitario continúa abierto entre el Gobierno, la Justicia y el sistema universitario, en un escenario donde se enfrentan dos modelos: uno basado en la actualización automática por inflación y otro que busca limitar el gasto en función de las metas fiscales.
La definición final quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si la ley continúa vigente o si se habilita su suspensión.
