VIVIENDAS
El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para acelerar los desalojos impulsados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La reforma ya entró en vigencia y busca agilizar la recuperación de viviendas sociales que fueron desadjudicadas por el organismo.
La nueva normativa incorpora el juicio monitorio como procedimiento para estos casos y establece que las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV tendrán validez suficiente para iniciar directamente la demanda judicial. De esta manera, el trámite se equipara al utilizado en desalojos por falta de pago o vencimiento de contratos.
Otro de los cambios relevantes es que los recursos administrativos presentados por los adjudicatarios no suspenderán automáticamente el proceso judicial ni impedirán el avance del desalojo. Además, la ley reconoce como válidas las notificaciones realizadas conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, evitando demoras por cuestionamientos sobre la comunicación.
La norma también dispone que el directorio del IPV elaborará un reglamento para definir aspectos vinculados a precios, alquileres, reajustes, adjudicaciones y desadjudicaciones de viviendas sociales. Solo una decisión expresa del propio IPV o de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el marco de una Acción Procesal Administrativa, podrá suspender la ejecución del desalojo.
