Recorte de recursos
En plena implementación de nuevas medidas económicas, entre ellas la salida del cepo cambiario y el establecimiento de una banda de flotación para el dólar oficial entre $1.000 y $1.400, el Gobierno nacional activó una estrategia que impacta directamente en las finanzas de las provincias: un cambio en la forma de retener el IVA en las operaciones aduaneras.
La medida, tomada sin previo consenso con las jurisdicciones, provocó un fuerte recorte en los montos que reciben los gobiernos provinciales por coparticipación. En particular, afectó la recaudación vinculada al Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre importaciones, un rubro clave en la distribución automática de recursos.
El malestar se intensificó con la caída sostenida de las transferencias desde la Nación. Ya en febrero se había registrado una baja respecto a enero, y en marzo, a pesar de la elevada inflación que debió haber elevado los ingresos nominales, volvió a observarse una merma. Lo más alarmante, según reportan áreas de Finanzas provinciales, es que en los primeros días de abril se refleja una reducción aún más pronunciada.
Este nuevo esquema golpea con mayor fuerza a las provincias con menor capacidad recaudatoria propia y mayor dependencia de las transferencias nacionales. El ajuste fiscal que impulsa el Ejecutivo nacional se vuelve, así, más exigente en los niveles subnacionales, justo en un contexto de inflación elevada —que en marzo se ubicó en 3,7%— y con proyecciones salariales presionando los presupuestos públicos.
La reacción no tardó en llegar: gobernadores de distintos espacios políticos se declararon en alerta y comenzaron gestiones conjuntas para reclamar explicaciones. La tensión se agrava en un escenario donde el Gobierno nacional busca consolidar su política de ajuste fiscal, mientras las provincias enfrentan una caída real en sus ingresos y una creciente demanda de gasto.
