SERVCIOS PÚBLICOS
El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso una modificación en el reglamento de cortes de servicios públicos, instando a que las empresas de gas y electricidad no puedan interrumpir el suministro por el incumplimiento en el pago de tasas municipales. Este cambio, incluido en las discusiones tarifarias de 2025, apunta a proteger a los usuarios frente a cargos adicionales en sus facturas.
Un cambio en las reglas del juego
En las próximas audiencias públicas sobre tarifas, se debatirá la inclusión de esta medida. Según la resolución 16/2025 del Enargas, publicada en el Boletín Oficial, las empresas solo podrán cortar el suministro si los clientes no pagan los conceptos directamente relacionados con el consumo del servicio. Esto dejaría fuera las tasas municipales, que hasta ahora formaban parte de los criterios para la interrupción del servicio.
El Gobierno busca garantizar que los usuarios no enfrenten cortes por deudas que no estén directamente vinculadas al consumo de gas o electricidad, trasladando la responsabilidad del cobro de estas tasas a los municipios.
La reacción de los intendentes
La medida ha generado tensiones con algunos sectores políticos. Alejandro "Topo" Rodríguez, exdiputado y representante de los intendentes, criticó la iniciativa al considerar que podría desincentivar el pago de las tasas municipales. "Están cambiando el reglamento para que los contribuyentes prioricen los pagos vinculados a los servicios y no a los impuestos locales", expresó.
Impacto en las tarifas y audiencias públicas
Las audiencias, programadas para febrero, también tratarán los incrementos tarifarios. Las distribuidoras de gas y electricidad esperan una revisión quinquenal tarifaria (RQT), que reemplaza a las anteriores revisiones integrales. Estas definirán el sendero de las tarifas entre 2025 y 2030, con aumentos proyectados entre el 1,5% y 1,8%, en línea con la inflación.
Además, el retiro de subsidios en 2024 dejó a los hogares de mayores ingresos asumiendo casi la totalidad del costo de los servicios. Las empresas buscan una recomposición tarifaria definitiva, que les permita proyectar inversiones a largo plazo.
Un debate en curso
La decisión de Caputo pone en el centro del debate la relación entre los usuarios, las empresas de servicios públicos y los municipios, en un contexto de ajustes y negociaciones tarifarias. La próxima audiencia, el 6 de febrero, marcará un punto clave en esta discusión, que podría redefinir el panorama de los servicios públicos en Argentina.
