JUICIO
Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, solicitó formalmente a la Justicia de Estados Unidos que el país sea declarado en desacato y sancionado por no aportar información clave durante el proceso judicial.
El pedido fue presentado ante la jueza que dictó el fallo y se basa en la supuesta falta de colaboración del Estado argentino en la entrega de correos electrónicos y mensajes de funcionarios del actual y del anterior gobierno, documentación que el demandante considera central para sostener su estrategia judicial.
Desde la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del país, rechazaron los planteos y aseguraron que la Argentina cumplió plenamente con el proceso de discovery, con la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios. Además, calificaron la presentación de Burford como una maniobra intrusiva y desproporcionada, orientada a presionar al país.
Según especialistas en el litigio, el fondo solicitó medidas que incluyen multas diarias millonarias, sanciones civiles y la posibilidad de que se considere a empresas estatales como alter ego del Estado, una figura que podría habilitar embargos de activos en el exterior.
El Estado argentino sostendrá su defensa formal el 19 de febrero, mientras que fuentes judiciales estiman que no habrá una definición sobre el pedido de desacato antes de fines de marzo. El caso se desarrolla en un momento sensible, cuando el Gobierno busca mejorar su perfil internacional y retomar el acceso a los mercados financieros.
