El Gobierno nacional desestimó la posibilidad de aplicar una devaluación, a pesar del fuerte déficit en la balanza de bienes y servicios informado por el INDEC, que marcó un rojo superior a los 5.190 millones de dólares en el primer trimestre del año. Según los datos oficiales, el mayor desequilibrio provino del comercio de servicios, que registró una pérdida de más de 4.500 millones de dólares.
Este resultado encendió alarmas en el ámbito económico, dado que se trata de uno de los peores registros en términos de salida neta de divisas para ese sector. Entre los rubros más deficitarios se destacaron los viajes al exterior, el transporte internacional, los servicios financieros y los corporativos vinculados a tecnología e información, lo que evidencia una creciente dependencia de servicios externos en áreas estratégicas.

Desde el Gobierno aseguran que el déficit está vinculado al proceso de inversión y recuperación económica, y no a una debilidad estructural. Plantean que parte de esos dólares salieron para financiar la compra de bienes de capital y sostienen que el actual esquema cambiario —con bandas de flotación y libre movimiento dentro de ciertos márgenes— seguirá vigente sin modificaciones.
En ese marco, se afirmó que no se aplicará un ajuste en la paridad del peso, a pesar de que sectores del mercado y algunas industrias lo consideran inminente. El Ejecutivo insiste en que una devaluación provocaría un nuevo ciclo inflacionario y rompería con el rumbo económico trazado desde el inicio de la gestión.
El argumento oficial se alinea con la visión del equipo económico que encabezan Javier Milei y Luis Caputo, quienes interpretan la actual salida de divisas como parte de un reordenamiento hacia una economía más abierta, con inversiones de largo plazo y financiamiento externo en marcha.

El informe del INDEC, sin embargo, dejó en evidencia la magnitud del desequilibrio: el déficit en servicios, liderado por el turismo emisivo, marcó un récord histórico. El rubro “viajes” explicó más de la mitad del desbalance, con una fuga de casi 2.800 millones de dólares, seguido por el transporte y otros servicios especializados.
Pese a este escenario, el Ejecutivo se muestra confiado en su estrategia y rechaza cualquier señal de ajuste drástico en el tipo de cambio oficial, al menos en el corto plazo.
