REFORMAS
Con un clima político más favorable tras la renovación del Congreso, el Gobierno se prepara para impulsar en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, una iniciativa destinada a atraer parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. El objetivo es fortalecer la remonetización de la economía en un contexto de escasez de pesos y creciente demanda de liquidez.
El proyecto se suma al paquete que el oficialismo buscará aprobar junto al Presupuesto 2026 y la reforma laboral, y apunta a habilitar el uso legal de ahorros no declarados hasta determinado monto, sin sanciones tributarias ni riesgo de denuncias penales.
Cuántos dólares están fuera del sistema y cuánto podría ingresar
De acuerdo con datos del Indec, los argentinos acumulaban hacia el segundo trimestre del año unos US$269.375 millones en activos externos, una cifra que volvió a incrementarse respecto del trimestre previo. Sobre esa base, distintos centros de análisis estiman que un programa de este tipo podría atraer entre el 8% y el 12% de ese stock, lo que equivaldría a unos US$16.000 millones ingresando al circuito formal.
Ese flujo tendría un impacto directo sobre el crédito en dólares: por cada US$1.000 millones que ingresen al sistema, se podría financiar entre un 15% y un 20% del crédito anual destinado a pymes, según proyecciones del sector financiero.
El dilema del uso: ¿los argentinos moverán sus dólares?
El comportamiento reciente del público muestra señales mixtas. Los depósitos en moneda extranjera en los bancos llegaron en octubre a US$35.105 millones, el mayor nivel desde la salida de la convertibilidad y en parte explicado por la dolarización previa a las elecciones.
A la par, en septiembre se realizaron 2,1 millones de operaciones en dólares por US$3.393 millones, aunque estas solo representaron el 6,3% de todas las transacciones del mes. Desde febrero, el Gobierno permitió realizar pagos en dólares, lo que abrió la puerta a un mayor uso cotidiano de la divisa, aunque el hábito todavía es incipiente.
Cómo funcionaría la “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”
El proyecto, que el Gobierno reactivará en extraordinarias luego de haber sido anunciado sin éxito a mediados de año, se basa en una nueva escala de umbrales para determinar la posibilidad de iniciar causas por evasión.
La iniciativa establece que las personas físicas podrán utilizar ahorros no declarados hasta un tope cercano a los $50.000 millones —cifra que se terminará de precisar en el texto final— sin exponerse a sanciones. El esquema incluye además una reducción del plazo de prescripción para delitos tributarios a tres años, y limita la capacidad del organismo recaudador para iniciar acciones penales. En paralelo, prevé un aumento de las multas para quienes incumplan con sus obligaciones fiscales en adelante.
Su propósito central es permitir que los ahorristas que compraron dólares en el mercado informal durante el cepo puedan emplearlos para transacciones cotidianas, compras de bienes durables o inversiones patrimoniales, sin quedar bajo observación administrativa.
La iniciativa también se articula con el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que busca ofrecer estabilidad jurídica a contribuyentes que decidan normalizar su situación fiscal.
Impacto esperado en la recaudación
La formalización de operaciones que hoy se realizan por fuera del sistema podría generar un incremento relevante en la recaudación. Estudios técnicos proyectan que, si parte de esos dólares comienzan a circular y tributar, la recaudación del IVA podría aumentar entre 0,4 y 0,6 puntos del PBI.
Además, el ingreso de fondos no declarados al régimen de Ganancias incorporaría recursos que hasta ahora no tributaban, aportando aire fiscal en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.
