La decisión del Gobierno de Javier Milei de aplicar una baja temporal de las retenciones a los granos continúa generando fuertes cuestionamientos desde el sector agropecuario. La medida, que en principio se había presentado como vigente hasta el 31 de octubre, duró en los hechos apenas tres días, tiempo en el que las principales compañías agroexportadoras liquidaron los 7.000 millones de dólares establecidos como tope.
El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, afirmó que el productor agropecuario “se sintió defraudado” y calificó la disposición como una “maniobra financiera de corto plazo”. Según explicó, el beneficio solo alcanzó a las cerealeras, que aprovecharon el esquema sin necesidad de comprar los granos a un precio mayor.

En la misma línea, CONINAGRO advirtió que la baja transitoria de las retenciones no generó impacto positivo en el productor y reclamó la implementación de políticas permanentes que incentiven la producción. A su vez, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió la continuidad de las retenciones cero al señalar que permitirían mayor productividad y creación de empleo.
Rotondo agregó que acciones de este tipo generan una “ruptura en la confianza” entre el campo y el Gobierno, y consideró que no se traducen en un aumento real de la producción. “Fue una medida de corte financiero para tapar un problema coyuntural”, sostuvo en declaraciones radiales.
El dirigente también criticó que la disposición no respondiera a una lógica productiva, sino que estuviera orientada a captar divisas de manera urgente. En este contexto, las entidades rurales reiteraron su pedido de medidas estables y de largo plazo que permitan fortalecer la relación entre el Estado y el sector agropecuario.
