El Gobierno envió una señal directa al sector financiero al instar a bancos y entidades a no imponer obstáculos innecesarios para los depósitos de dólares en efectivo. La medida se enmarca en la reglamentación de la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a cambiar la relación entre contribuyentes y el fisco.
Según indicaron los organismos, la tenencia de moneda extranjera en efectivo no constituye por sí sola un indicio de ilegalidad. En ese sentido, remarcaron que no corresponde exigir documentación adicional en el momento del depósito si no existen inconsistencias relevantes en la operación o el perfil del cliente.

La normativa vigente establece que los depósitos en efectivo están permitidos sin importar el monto. Solo se exige identificar al depositante y al titular cuando la suma supera los 40 Salarios Mínimos, lo que actualmente equivale a unos 13,8 millones de pesos. Además, el análisis debe basarse en el enfoque de riesgo, considerando la razonabilidad económica de la operación.
La ley introdujo cambios importantes, como el aumento de los umbrales para configurar el delito de evasión y la presunción de cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario. También creó un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que deberá ser tenido en cuenta por los bancos al evaluar a sus clientes.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es mejorar la calidad de los controles sin desalentar el ingreso de fondos al circuito formal. En un contexto de inflación y desconfianza histórica en el sistema, el desafío es equilibrar la prevención del lavado de dinero con la necesidad de atraer divisas que hoy permanecen fuera de las entidades.



