El Gobierno nacional decidió extender la emergencia energética hasta julio de 2026, postergando la finalización del proceso de focalización de los subsidios a la energía eléctrica y al gas. Esta medida implica que la reducción progresiva de subsidios, que comenzó en 2022, continuará de manera paulatina y con ajustes trimestrales vinculados a la inflación, en un contexto donde los costos de la energía impactan cada vez más en hogares y empresas.
La prórroga permitirá a la Secretaría de Energía mantener la facultad de regular y rediseñar el esquema de asignación directa de subsidios, asegurando un periodo de transición para adaptar el sistema de forma progresiva y ordenada. Este aplazamiento se fundamenta en la dificultad para tramitar leyes necesarias antes del vencimiento de la emergencia previa.

En Mendoza, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) informó que los nuevos precios de energía y potencia fijados para el período del 1 de mayo al 31 de octubre de 2025 tendrán un impacto estimado menor al 1% en el costo total de las facturas. La tarifa incluye dos componentes principales: el costo de abastecimiento, que depende de la jurisdicción nacional, y el Valor Agregado de Distribución (VAD), administrado a nivel provincial. Ambos se actualizarán trimestralmente según índices inflacionarios.
La segmentación de subsidios seguirá extendiéndose para focalizar los beneficios en quienes realmente los necesiten, dejando atrás un esquema que hasta ahora contemplaba distintas categorías basadas en los ingresos declarados de los usuarios. Actualmente, se mantiene un proceso de depuración de datos que busca corregir inconsistencias en los registros de beneficiarios, ya que existen casos de personas que, aunque calificaban para subsidios, residen en zonas de alto poder adquisitivo y perderán este beneficio.

Este proceso, que ya comenzó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que se extienda a otras provincias, incluida Mendoza, una vez que se implemente oficialmente. La idea es que para mediados del próximo año solo un grupo reducido y claramente definido de usuarios continúe recibiendo subsidios energéticos, asegurando que la ayuda estatal llegue a los sectores más vulnerables.
