En las semanas previas al Día del Niño, el mercado argentino vive un verdadero boom de juguetes importados, con una duplicación de empresas que traen productos del exterior y una fuerte presencia de artículos provenientes de China. Esta situación es posible gracias a las medidas de apertura comercial impulsadas por el gobierno nacional, que facilitaron las compras al exterior y redujeron impuestos y trámites.

Según datos de la firma Jidoka, el valor de las importaciones de juguetes subió un 79% en el último año, mientras que el volumen físico creció un 108,7%, lo que equivale a más de 10.500 toneladas. El 47% de estos productos viene de China, a un costo menor a 3 dólares por kilo.
El fenómeno tiene dos caras: por un lado, las familias acceden a más opciones y precios competitivos gracias al e-commerce y a sistemas como el puerta a puerta, que permite compras de hasta u$s 400 sin impuestos para cinco envíos anuales. Pero por el otro, surgen preocupaciones por la seguridad, la calidad y la competencia desleal con la industria local.
“Mientras las empresas nacionales cumplen con ensayos de laboratorio, certificaciones IRAM y trazabilidad, muchos productos que llegan por courier no pasan por ningún tipo de control de calidad”, advirtió Alejandro Caffaro, empresario del sector.

Uno de los puntos críticos son los juguetes plásticos con presencia de ftalatos, compuestos que pueden provocar problemas hormonales, malformaciones y riesgos neurológicos en niños. Al no estar sujetos a controles, los productos importados por canales informales pueden representar un riesgo, especialmente si se desconoce su origen.
Desde el sector juguetero insisten en que no se trata de cerrar las fronteras, sino de exigir equidad de condiciones y mayor información para los consumidores. “Es fundamental verificar el origen del producto, exigir certificados de seguridad y comprar a vendedores confiables”, remarcan desde Jidoka.
Con un panorama económico que obliga a buscar precios, y una oferta que se multiplica en webs y redes sociales, el desafío está en lograr un consumo informado y seguro, que proteja no solo al mercado interno, sino también a los más chicos.
