Las solicitudes de subsidios por desempleo aumentaron un 60% en 2024, impulsadas por la recesión económica y el ajuste fiscal que busca estabilizar las cuentas públicas.
El Gobierno prevé que este año se registre una disminución en los pedidos de ayuda, gracias a una posible recuperación económica y la llegada de inversiones.
En 2024, 174.335 trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa atribuible a ellos comenzaron a percibir el seguro de desempleo o la Prestación por Desempleo. Este número representa un aumento del 60% en comparación con los 108.942 solicitantes de 2023, y más del doble de los 86.268 en 2022, alcanzando el nivel más alto desde 2014, según los datos de la Seguridad Social.
Por sectores, las solicitudes fueron lideradas por la construcción, con 54.046 trabajadores; la industria manufacturera, con 36.233; el comercio, con 28.790; actividades administrativas, con 14.150; transporte, con 7.158; servicios de comida y alojamiento, con 6.493; y salud y servicios sociales, con 5.522.
En diciembre, de las 174.335 altas, 102.549 personas seguían recibiendo la prestación, con un monto promedio de $214.822. De ese total, 75.066 eran hombres y 27.483 mujeres. La mayoría residía en la Provincia de Buenos Aires (40.685), seguida por Santa Fe (41.129), Córdoba (7.057) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.622).

Este subsidio corresponde a aquellos despedidos sin causa justa, por finalización de contrato o por razones ajenas al trabajador, y se encuentra regulado por la ley 24.013 de Contrato de Trabajo. Mientras reciben el seguro, los beneficiarios mantienen las asignaciones familiares y la cobertura de su obra social. Además, los meses de cobro cuentan como antigüedad para jubilación o pensión.
Un requisito clave para acceder a esta prestación es haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los 3 años previos al despido o a la finalización del contrato. Para los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito se reduce a haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.
El monto y las cuotas de la prestación se calculan en función de los ingresos y los meses trabajados con aportes en los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años tienen derecho a cobrar durante 6 meses más.
En 2023, el Consejo del Salario Mínimo estableció que la prestación no puede superar el 75% de la mejor remuneración mensual de los últimos 6 meses previos al despido, pero tampoco puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta disposición limita en la práctica el cálculo de la prestación, anulando la equivalencia con la mejor remuneración.


