Antes de la probable aprobación de la reforma laboral en el Senado, Mendoza enfrenta un panorama laboral preocupante. Según los datos oficiales, casi el 45% de los trabajadores asalariados de la provincia se desempeña sin aportes previsionales ni cobertura formal, es decir, en condiciones informales. La situación se agravó levemente en 2025, con un aumento de la informalidad en pocos meses.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme: los jóvenes entre 16 y 24 años tienen la mayor exposición a la informalidad, con casi 6 de cada 10 trabajando sin registros formales. Las mujeres también se ven más afectadas que los hombres, y el nivel educativo es un factor determinante: quienes no completaron la secundaria presentan tasas de informalidad mucho más altas que los trabajadores universitarios.

El tamaño de las empresas también marca la diferencia. La informalidad se concentra en las microempresas de hasta cinco empleados, mientras que en grandes compañías el porcentaje es considerablemente menor. Esta desigualdad se refleja en los ingresos: los trabajadores informales ganan, en promedio, casi la mitad que los formales con condiciones similares, y un 42% vive en hogares pobres.
Este diagnóstico muestra la magnitud del desafío que enfrenta Mendoza en términos de empleo antes de que se implementen cambios legislativos que buscan dinamizar el mercado laboral. La provincia deberá combinar políticas de formalización con estrategias de inclusión laboral para reducir la vulnerabilidad de gran parte de su fuerza de trabajo.
