ACUERDOS
Mientras el Congreso atraviesa el receso de verano, el Gobierno nacional avanza con las negociaciones políticas para garantizar los votos necesarios que permitan aprobar la reforma laboral, un proyecto clave que será debatido en febrero en el Senado. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzará esta semana una agenda de encuentros con gobernadores de distintos signos políticos.
La iniciativa oficial es llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el martes 10 y el miércoles 11 de febrero, luego de que el Ejecutivo decidiera postergar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias que concluyeron a fines de diciembre. La demora respondió a la falta de consensos suficientes para avanzar en ese momento.
Santilli será el principal encargado de encabezar las conversaciones con los mandatarios provinciales. Su primera escala será Chaco, donde se reunirá con el gobernador Leandro Zdero, uno de los dirigentes provinciales que mantiene un vínculo de cooperación con La Libertad Avanza.
El martes, en tanto, recibirá en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien manifestó reparos sobre algunos puntos del proyecto, en particular los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias. La iniciativa prevé una reducción de la alícuota que impactaría en la recaudación y, en consecuencia, en los fondos coparticipables que reciben las provincias, con una pérdida estimada significativa para 2026.
La agenda continuará el miércoles en Chubut, donde el ministro volverá a encontrarse con el gobernador Ignacio Torres. Allí participará además del seguimiento del operativo de combate de incendios forestales, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El recorrido finalizará el jueves en Mendoza, con una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, otro de los aliados del oficialismo en el plano legislativo.
Los principales puntos de la reforma laboral
El proyecto impulsado por el Gobierno introduce cambios de fondo en el régimen laboral. Entre los ejes centrales se encuentran la reducción de aportes patronales para incentivar la contratación, la creación de un nuevo sistema de indemnizaciones a través de un fondo específico financiado con aportes del trabajador y la extensión del período de prueba a seis meses, sin derecho a indemnización durante ese lapso.
También se propone una flexibilización del régimen de vacaciones, modificaciones en la jornada laboral que habilitan esquemas de hasta 12 horas con descansos compensatorios, y la incorporación de un salario dinámico, con pagos vinculados a productividad o mérito, incluso en moneda extranjera o en especie.
En materia sindical, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, prioriza los acuerdos por empresa y amplía el listado de servicios esenciales, con mayores restricciones a huelgas y protestas. Además, contempla beneficios fiscales para las empresas orientados a promover la inversión y el empleo formal.
