Tras el fallo de la Corte Suprema, Trump anunció un arancel global del 10%
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% a las importaciones, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la mayoría de las tarifas internacionales que había establecido su administración.
La decisión del máximo tribunal —adoptada por seis votos contra tres— representó un duro revés para la política comercial del mandatario republicano y abrió la puerta a eventuales devoluciones millonarias por gravámenes cobrados de manera indebida.
Frente a ese escenario, Trump anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita al Poder Ejecutivo a imponer aranceles globales de hasta el 15% durante un período máximo de 150 días, en casos vinculados a desequilibrios “graves e importantes” en la balanza de pagos. Bajo ese mecanismo, adelantó que aplicará un 10% adicional a los aranceles ya vigentes.
El mandatario aclaró que las tarifas dispuestas en el marco de las Secciones 232 y 301 —utilizadas previamente para gravar importaciones de acero, aluminio y otros productos— continuarán en vigor.
En declaraciones públicas, Trump se mostró crítico con la sentencia y aseguró sentirse “profundamente decepcionado” por la resolución del tribunal. “Los países extranjeros que nos han estado estafando están muy contentos”, afirmó, y cuestionó a algunos magistrados por lo que consideró una decisión contraria a los intereses nacionales.
La Corte sostuvo en su fallo que la Constitución no otorga al Poder Ejecutivo facultades tributarias amplias sin una delegación explícita del Congreso. En ese sentido, remarcó que cuando el Legislativo ha transferido autoridad en materia arancelaria, lo ha hecho de forma clara y con límites estrictos.
La nueva medida anunciada por Trump anticipa un nuevo capítulo en la disputa institucional y comercial en Estados Unidos, en medio de un escenario de creciente tensión entre la Casa Blanca y el Poder Judicial por el alcance de las atribuciones presidenciales en política económica internacional.