El gremio de los profesionales de la salud de Mendoza, AMPROS, ha iniciado nuevas medidas de fuerza a raíz del malestar provocado por el reciente incremento salarial decidido por decreto. La dirigencia gremial considera que esta medida, lejos de satisfacer las demandas de los trabajadores, agrava la situación de precariedad y sobrecarga que enfrentan los profesionales de la salud en la provincia.
En respuesta, AMPROS ha anunciado una acción directa por tiempo indeterminado que comenzó este miércoles. Durante esta medida, los profesionales de la salud se concentrarán únicamente en atender casos de urgencias y emergencias. Según un comunicado emitido por el gremio, esta decisión busca "racionalizar el recurso humano con la finalidad de resguardar la integridad psico-física de los trabajadores".
Motivaciones detrás de la medida
El conflicto se originó cuando el gobierno provincial, mediante un decreto, estableció un aumento salarial para el sector salud que AMPROS considera insuficiente y unilateral. Los trabajadores, que ya venían reclamando mejoras salariales y condiciones laborales dignas, se sintieron agraviados por no haber sido consultados ni considerados en la toma de decisiones.
"El incremento decretado no refleja la realidad inflacionaria que vivimos ni las necesidades de nuestro sector", expresó Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS. "Nuestros afiliados están al límite, trabajando en condiciones extremas, y este tipo de medidas solo agrava el desgaste físico y emocional que ya padecen".
Impacto en la atención sanitaria
Con el inicio de esta medida de fuerza, los servicios de salud en Mendoza se verán limitados. Solo se atenderán casos que representen una emergencia o urgencia médica, mientras que las consultas programadas y otras atenciones no urgentes serán reprogramadas. AMPROS ha subrayado que esta medida no es un paro total, sino una forma de acción que busca proteger tanto a los profesionales como a los pacientes, garantizando la atención en situaciones críticas.
El gremio ha manifestado su disposición al diálogo, pero insiste en la necesidad de que las autoridades provinciales aborden las demandas de manera seria y con soluciones concretas. Por su parte, el gobierno de Mendoza ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en la población y ha llamado a una mesa de negociación para intentar resolver el conflicto.
