La reglamentación que el Gobierno de Mendoza puso en vigencia este lunes para ordenar el servicio de aplicaciones de viajes ya muestra sus primeros efectos. Según confirmaron choferes de Uber y Cabify, ambas plataformas restringieron el ingreso de nuevos conductores, comenzaron a bloquear cuentas activas y elevaron los requisitos de habilitación, incluso antes de que la normativa entrara formalmente en vigencia.
Aunque Uber no respondió consultas y Cabify rechazó hacer declaraciones, los trabajadores aseguraron que el ajuste “no es nuevo”: desde hace meses las empresas vienen endureciendo los filtros por el crecimiento acelerado de inscripciones y por la presión que implica el nuevo marco regulatorio.

“Hay demasiados autos”: el mercado, al límite
Los choferes coinciden en que el “boom” se explica por la ampliación del universo de vehículos: Cabify permite remises y Uber habilitó el ingreso de taxis, lo que incrementó el número de aspirantes en plena crisis económica.
Freno en el alta y depuración de perfiles
A partir de la nueva reglamentación, las plataformas ajustaron aún más sus sistemas internos. Los conductores reportan:
Demoras o imposibilidad para completar el registro de nuevos choferes.
Bajas de cuentas activas por faltas documentales o por antigüedad del vehículo.
Nuevas exigencias, como el certificado de antecedentes penales para taxis que quieran trabajar en Uber.
Para muchos, este escenario responde a una estrategia para contener la saturación:
“Están cerrando la entrada porque hay demasiados autos. Y ahora con la ley, deben cuidar más que nunca a quién habilitan”, comentó un conductor de Cabify.
Qué cambia con la nueva ley
La reforma provincial busca formalizar y controlar de manera más rígida el servicio de movilidad por aplicaciones. Los puntos que más preocupan a los choferes son:
Prohibición de la “doble chapa”: una sola licencia por persona (salvo autos eléctricos).
Responsabilidad directa para las plataformas: Uber y Cabify no podrán asignar viajes a conductores sin permiso o con vehículos no habilitados.
Sanciones más duras: desde suspensiones por hasta dos años hasta la inhabilitación definitiva ante incumplimientos.
