SISTEMA
El conflicto entre los traumatólogos mendocinos y el PAMI escaló al ámbito nacional. Luego de que cinco clínicas denunciaran a 48 profesionales y a la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (AMOT) por suspender la atención a jubilados, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen que recomienda aplicar una medida de tutela anticipada para garantizar el restablecimiento del servicio.
La situación se agravó desde abril, cuando los profesionales de la salud decidieron dejar de prestar consultas, cirugías, guardias y atención de emergencias, en reclamo por los bajos valores que paga el PAMI por sus prestaciones. A pesar de la intervención del Ministerio de Salud de Mendoza, el conflicto no encontró resolución y llegó al ámbito nacional a través de una denuncia presentada por cinco clínicas: Clínica Santa María, Hospital Privado, Santa Isabel, Italiano y A Mano.
Un dictamen con impacto nacional
La CNDC consideró que la actitud de AMOT y sus asociados podría representar una práctica restrictiva de la competencia, basada en tres ejes:
Fijación de precios entre profesionales.
Suspensión coordinada del servicio médico a una obra social de interés público.
Obstaculización del acceso al mercado por parte de terceros.
Según el dictamen, esta conducta “podría colapsar el servicio de traumatología no solo para los afiliados de PAMI sino también para el resto de la población”, lo que representa un riesgo para la salud pública y el interés económico general.
Por ello, la CNDC recomendó una resolución que obligue a AMOT a:
Restablecer inmediatamente la atención médica a afiliados de PAMI en las clínicas denunciantes.
Abstenerse de aplicar listados de precios unificados entre profesionales.
Respetar las condiciones vigentes al 31 de marzo de 2025.
La decisión queda en manos de la Secretaría de Comercio
El dictamen ya fue remitido a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que deberá definir si dicta o no la medida de tutela anticipada. En paralelo, la atención sigue suspendida en las clínicas denunciantes, mientras que continúa normalmente en otras dos instituciones que sí firmaron acuerdos: Santa Clara y Sociedad Española.
El Gobierno nacional sostiene que una resolución contraria podría poner en riesgo la integridad física de los adultos mayores afiliados al PAMI, por lo que se espera una definición inminente en favor de los centros de salud.
