UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT
La disputa por la Fundación Santa María, entidad que administra la Universidad Champagnat, entró en su etapa final. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentó el 8 de agosto una queja por el recurso extraordinario denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que se considera la última carta para revertir un fallo que la Casa de Gobierno califica como “arbitrario”.
La “movida” se produce después de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM), en diciembre de 2024, declarara prescripta la acción de lesividad presentada por la Provincia contra la conducción actual de la fundación. La mayoría integrada por los jueces Julio Gómez y José Valerio entendió que los vicios en los actos administrativos de 2011 eran “leves” y, por lo tanto, alcanzados por un plazo de prescripción de dos años.
El origen del conflicto
La historia comenzó en 2011, durante el final de la gestión de Celso Jaque. A través de un decreto, se intervino la Fundación Santa María por 60 días, pero esa medida transitoria derivó en una serie de reformas estatutarias que, según el cornejismo, terminaron en una “maniobra de cooptación” de la institución por parte de exfuncionarios peronistas.
El interventor designado, Jorge Alberto Giaquinta, promovió cambios clave: se eliminó la idea fundacional y se estableció que los cargos del Consejo de Administración fueran vitalicios. Poco después, la Dirección de Personas Jurídicas aprobó esas modificaciones y designó a los nuevos integrantes del consejo, vinculados al justicialismo.
La demanda del Gobierno
En 2016, ya bajo la primera gestión de Cornejo, la Provincia inició una acción de lesividad para anular esos actos, argumentando que configuraban un “ilícito despojo” y una desviación de poder. La demanda incluyó a la Fundación Santa María y a los exfuncionarios Giaquinta, Nicolás Pizzuto, Facundo Alzogaray, Marcela Sabatini y Juan Andrés Torrecilla, entre otros.
El debate sobre la prescripción
El núcleo del litigio estuvo en definir si los vicios eran “leves” (plazo de prescripción de 2 años) o “graves” (plazo de 5 años). Para la mayoría de la SCJM, el Gobierno nunca calificó con claridad los vicios en el inicio de la demanda, lo que impidió al tribunal entrar al fondo de la acusación.
El juez Pedro Llorente, en disidencia, sostuvo que la extralimitación del interventor y la reforma estatutaria carecían de motivación, constituyendo irregularidades de “gravedad inusitada”. Según su voto, el plazo aplicable era el de cinco años y la acción seguía vigente. Tras su jubilación, la jueza Norma Llatser mantuvo esta línea en el rechazo al Recurso Extraordinario Federal (REF).
La postura del Gobierno y la Fiscalía
El asesor de Gobierno, Ricardo Canet, fue quien llevó adelante la estrategia procesal. La Procuración General avaló la acción de nulidad, mientras que la Fiscalía de Estado optó por una posición neutral. No obstante, varios de sus directores actuales y pasados tienen vínculos con la Universidad Champagnat, lo que alimenta las suspicacias en la Casa de Gobierno.
Último recurso en la Corte nacional
Tras el rechazo del REF por parte de la SCJM en julio de este año, la Provincia presentó una queja ante la Corte Suprema nacional. El escrito argumenta que la sentencia local “homologa y deja impune una maniobra de cooptación” y que viola compromisos internacionales contra la corrupción con rango constitucional.
Los demandados, en cambio, insisten en que se trata de una cuestión de derecho local, fuera de la competencia federal.
Ahora será la Corte Suprema de la Nación la que decida si abre o no el expediente. Para Cornejo y su administración, es la última oportunidad de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de una causa que lleva más de una década en los tribunales.
