POLÍTICA Y JUSTICIA
Un informe de Ruido reveló que 6 de cada 10 jueces en las cortes provinciales de Argentina provienen del ámbito político. Mendoza no es la excepción: casi el 60% de los miembros de su Suprema Corte tienen vínculos con la política.
Según un estudio realizado por Ruido y Connectas, de los 138 jueces que integran las cortes provinciales en Argentina, 88 cuentan con antecedentes en la política, es decir, seis de cada diez jueces supremos del país han tenido alguna relación con el poder político. Mendoza refleja esta tendencia, donde cuatro de los siete integrantes de su Suprema Corte mantienen lazos directos con la política.
En detalle, de los siete jueces de la Corte mendocina, cuatro fueron designados durante la gestión de Alfredo Cornejo, dos bajo los decretos del exgobernador Francisco Pérez y uno durante la administración de Celso Jaque.
Entre los casos más destacados están Dalmiro Garay y Mario Adaro, quienes ocuparon cargos como ministros de Gobierno antes de asumir en la Corte. Garay fue nombrado en 2018 por Cornejo, mientras que Adaro llegó en 2011 impulsado por Jaque.
Julio Gómez, otro miembro de la Corte, también tiene un amplio historial político: fue relator del Tribunal de Cuentas durante 18 años, senador provincial y ocupó cargos dentro de gestiones peronistas, siendo designado por Francisco Pérez en 2015.
José Valerio, otro juez con pasado político, fue diputado provincial y asesor en el Ministerio de Economía durante la gobernación de Felipe Llaver. Luego inició su carrera judicial hasta llegar a ministro de la Corte.
Por su parte, Omar Palermo, nombrado también por Francisco Pérez, tiene una trayectoria ligada a la agrupación Justicia Legítima y fue asesor en la reforma judicial durante la presidencia de Alberto Fernández.
Norma Llatser, la más reciente incorporación, aunque con amplia experiencia judicial, estuvo afiliada al radicalismo entre 1985 y 2006 antes de asumir como jueza.
La única jueza sin vínculos políticos evidentes es María Teresa Day, quien cuenta con una larga trayectoria en el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, su designación fue cuestionada por no cumplir ciertos requisitos legales de antigüedad profesional, aunque finalmente fue respaldada por la mayoría de la Corte.
Un dato llamativo es que el Poder Judicial de Mendoza no dispone de currículums ni biografías oficiales actualizadas de sus ministros, como es el caso de José Valerio, cuyo perfil no figura en la web oficial a pesar de sus nueve años en la Corte.
En un contexto nacional, Mendoza figura entre las provincias con cortes relativamente más independientes, posicionándose dentro del top 10 en este aspecto. No obstante, el 60% de sus jueces mantienen lazos políticos, un porcentaje que refleja la media nacional y una realidad que aún dista del ideal de independencia judicial plena.
En comparación, hay provincias donde la Corte está conformada totalmente por jueces con pasado político, y otras donde la cifra supera el 80%.
