Los manifestantes cuestionan “un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilado/as y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas”.
El comunicado difundido por la unidad piqutera indica que “no se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares”.
Noticia en desarrollo